Después de más de tres décadas, desde que se aprobó la Constitución de 1978, formalmente a-confesional: Ninguna confesión tendrá carácter estatal (Art. 16.3) y nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus creencias (Art.16.2). Se garantiza la igualdad absoluta ante la ley, entre los ciudadanos, sin que pueda prevalecer segregación o discriminación alguna, por razón de sexo, convicciones,… etc. (Art. 14). Las nomas fundamentales de convivencia estarán de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás convenciones que salvaguardan la libertad de conciencia, de convicciones… (Art. 10)

Sin embargo la realidad, -en la práctica-, política e institucional es que estamos en un Estado confesional católico, en donde al resto de religiones, se les reconoce en un plano inferior a la católica por parte de las instituciones del Estado (son alrededor de dos mil entidades religiosas reconocidas por el Estado, de las que aproximadamente una decena las consideran de notorio arraigo). Al resto de convicciones y creencias, religiosas o no, el Estado no presta ninguna atención, ni salvaguarda el derecho a la libertad de conciencia, en toda su magnitud.

Esta anacrónica situación es consecuencia de los Acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede, en 1979, que -rotundamente- no se atienen a los principios constitucionales básicos mencionados en el párrafo primero. Acuerdos que el Estado español da el tratamiento de “internacionales”, aunque organizaciones como Europa Laica y otras de todo el mundo, ni reconocemos al Vaticano, como un Estado (fue una necia concesión interesada del fascismo italiano, además de no cumplir los elementos básicos de un Estado), ni reconocemos, por su propia naturaleza, esos acuerdos en el marco del derecho internacional.

Por otro lado, porque la Constitución, en su calculada ambigüedad, en aras al consenso de la denominada transición, incorporó un modelo de jefatura de Estado con una monarquía católica, impuesta por el general Franco, a través de la denominada Ley de sucesión. Además de colocar en el articulado general algunos retazos confesionalmente católicos, como la referencia expresa a la iglesia católica (única entidad privada que figura en la Constitución), el reconocer conciencia a los colectivos y el dar potestad a las familias, para que eduquen a sus hijos como lo deseen, sin tener en cuenta las limitaciones del derecho internacional a la libertad de conciencia de los menores.

También, porque las diferentes mayorías parlamentarias -UCD, AP, PSOE, PP, con las coaliciones nacionalistas varias- que han sostenido a los Gobiernos, desde 1978, no han dado pasos firmes para defender el derecho a la libertad de conciencia de toda la ciudadanía por igual.

Y por último, porque el tejido social organizado, mayoritariamente, no ha contemplado como prioritario de sus agendas políticas, la construcción del Estado laico.

Que vivimos en un Estado confesional católico se evidencia porque, incluso, se ha aumentado la financiación estatal del culto religioso (ampliamente católico); continúa la donación de bienes y patrimonio público a la Iglesia católica y, ahora, muy tímidamente a otras confesiones; se permite a la Iglesia católica que, con dinero público, financie proselitismo religioso a gran escala; se les exonera de impuestos tan importantes para los ayuntamientos como el IBI; y además se le financia la enseñanza del catecismo en la escuela pública en horario lectivo, así como toda la enseñanza en los centros educativos de “ideario católico” que han crecido, cuantitativamente, en los años de democracia. Además, se siguen organizando actos religiosos de Estado que deberían de tener una finalidad exclusivamente civil, como funerales, apertura de años judiciales y otros eventos. Se mantienen capellanes-funcionarios católicos en el Ejército, cárceles y hospitales, así como simbología y actos religiosos en estos y en algunos lugares públicos, como centros educativos. Los ministros y otros cargos representativos siguen prometiendo o jurando su lealtad al Estado delante de simbología católica. En el código civil y penal existen conceptos del dogma católico y confiere al matrimonio canónico católico efectos civiles (ahora también a otras confesiones en virtud de acuerdos suscritos con el Estado). Los poderes públicos permiten (y protegen) la objeción a profesionales de la sanidad, la judicatura o la educación por cuestiones religiosas en el marco de lo público, sin tener alternativas que garantice la libertad de conciencia individual de cada persona., etc.

Curiosamente, y a pesar de ello, la jerarquía católica y sus fundamentalistas grupos aliados lanzan, con frecuencia, soflamas y acciones incendiarias integristas, con el fin no sólo de defender su histórico estatus, sino de aumentarlo (consiguiéndolo en algún ámbito, como es el de la enseñanza y la financiación) y, ahora además, se supone que en cuanto a los derechos civiles: entre los que destacan la salud en sus diversas faceras como la reproductiva, los avances científicos, la buena muerte, … y, por supuesto, en cuanto a la igualdad de género e identidades sexuales.

Ahora se oyen tímidas voces de algunos políticos (del PSOE) de que podrían proponer la derogación de algunos aspectos de los Acuerdos con la Santa Sede. ¡A buenas horas!: Sus trayectorias les restan credibilidad… aunque nunca es tarde…

La pérdida de derechos sindicales, políticos, a la libertad de expresión y de conciencia, a la salud, en materia de enseñanza y de apoyo a la ciencia… que se avecina (o está ya aquí), tiene mucho que ver con la economía, con los mercados, con el despilfarro, con banqueros, empresarios y políticos codiciosos, pero también, que no nos quepa la menor duda, con un modelo de Estado confesional, patriarcal y teocrático, preñado de dogmatismos y verdades absolutas.

La sociedad española, en cuanto a convicciones y costumbres, ha evolucionado muchísimo, en estas tres décadas. El seguimiento práctico a la doctrina que marca la jerarquía católica es cada vez más débil. Crecen otras religiones muy diversas y, sobre todo, aumenta el interés por el humanismo ateo, agnóstico y por otras identidades y convicciones éticas y morales, ajenas a lo religioso. La pluralidad se ha instalado, sin mayor problema. Hagamos que esa pluralidad social, arraigue en las instituciones del Estado.

Por ello es necesario luchar por nuestros derechos universales, paralelamente a la lucha por el Estado laico, que sería hoy de haberlo alcanzado -no me cabe la menor duda- una tremenda barrera a la pérdida de múltiples derechos, como sucede, si lo analizamos a fondo, en países de trayectoria laicista. Está claro que tenemos que volver a empezar…

Francisco Delgado | Fue diputado en 1977, en la actualidad es Presidente de Europa Laica

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