La intervención en el Congreso del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, denunciando presiones que "violentan el derecho a ser madres" ha provocado una lluvia de críticas en diferentes frentes. Los primeros en reaccionar han sido los centros de interrupción voluntaria del embarazo. “Desde 1993 que llevo en la clínica Isadora me bastan 10 dedos para contar las situaciones de ese tipo que se han dado. Gallardón sabrá que en las clínicas hay una consulta psicológica previa antes de abortar y que ahí se determina si una mujer se somete a esa intervención libremente o coaccionada. Es fácil detectarlo. El ministro o no conoce la problemática o directamente miente”, asegura Empar Pineda, responsable de Isadora. “La maternidad se protege de otra forma, concediendo los recursos necesarios y sostenidos en el tiempo para poder afrontar la crianza”, ha añadido.

“Los casos en que la mujer va coaccionada a abortar son anecdóticos. Las mujeres evalúan las circunstancias que las llevan a interrumpir su embarazo, que unas veces serán económicas, otras por razones de salud y algunas por conflictos familiares que ellas resuelven como mejor saben, pero de ahí a decir que se ven obligadas a abortar. Todas valoran. Algunas van a la clínica y luego se vuelven, pero es porque tienen dudas, decidir si se quiere tener un hijo o no no es una decisión sencilla”, dice Francisca García, vicepresidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, Acai. “Que se dé algún caso de coacción, que detectaríamos, no justifica una reforma que, tal cual está planteada será para peor. Todos los informes internacionales coinciden en que la mujer abortará si así lo ha decidido y penalizarlas por ello no es la solución. Lo que debe hacer un Gobierno es facilitarles esa intervención en las mejores condiciones posibles. Y luego proteger la maternidad si quiere, que eso es otra cosa, no hay por qué hablar de ello como contraposición, son cosas paralelas”, añade.

“Se ha metido en un jardín y de forma demagógica, utilizando la violencia de género. Las mujeres no somos menores de edad, somos libres para decidir sobre nuestro cuerpo y eso es lo que tienen que garantizar. Además, si una mujer está coaccionada lo puede estar para abortar o para tener el hijo, porque ambos casos se han dado, sobre todo en ámbitos conservadores, en los que se les incitaba a abortar para que no cayeran en la deshonra. Está claro que Gallardón no domina el asunto, no se puede enmascarar este asunto con la casuística, que puede ser variada y mucho menos mezclarlo con la violencia de género. Hay decenas de asesinatos al año y no le he oído decir que les vaya a mejorar la protección, sin embargo se acuerda de eso para el asunto del aborto…”, lamenta Consuelo Abril, de la Coordinadora de Organizaciones por la Participación y por la Igualdad, Compi.

Las críticas también han surgido en los partidos de oposición. Varios diputados han utilizado las redes sociales para acusar a Gallardón de ser, en contra de su imagen de moderado, "el más duro y ultraconservador del Gobierno" y han convertido Internet en un foro alternativo de réplicas . "¿De verdad creímos alguna vez que Gallardón era un político centrado?", ha escrito la exministra socialista Leire Pajín, mientras que la diputada madrileña Delia Blanco ha acusado al ministro de "tergiversar" los conceptos de la violencia de género para luego "mezclarlos deliberadamente" con el aborto.

El número dos del Grupo Socialista, Eduardo Madina, ha vaticinado que se acerca una "edad del hielo" para los derechos de las mujeres. Su compañera de partido Susana Ros, diputada por Castellón, ha apuntado que un Gallardón "en estado puro" ha dejado claro que la función de la mujer se reduce "a su función reproductiva".

Por parte de IU, Cayo Lara ha escrito en su Twitter: "Que Gallardón denuncie una presión social que lleva a las mujeres a abortar es como si Fátima Báñez denunciara presión social que obliga al paro". Y desde los grupos minoritarios, la diputada del BNG Olaia Fernández Davila ha subrayado que la actual ley protege por igual a las mujeres que quieren ser madres y a las que deciden no serlo: "No ejercer violencia contra las mujeres es garantizarle su derecho a decidir ser libres e independientes".

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