El caso de Sor María, la monja imputada por robar un bebé a su madre en la extinta maternidad del madrileño hospital de Santa Cristina, puede llevar a esta religiosa, de  87 años, al banquillo de los acusados por delitos de detención ilegal y falsedad. El juez Adolfo Carretero, titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, ha pedido al Registro Oficial que le facilite el expediente de adopción de Pilar, la cría que en 1982 sor María arrebató supuestamente a su madre a las pocas horas del parto para entregárselo a un matrimonio sin hijos de Madrid. Pero ya dispone de un avance de ese expediente, facilitado por el padre adoptivo, Álvaro, que está plagado de irregularidades y embustes, según fuentes cercanas al ministerio público.

No se descarta, pues, que las pesquisas por el robo de Pilar, que hoy tiene 30 años de edad, salpiquen incluso al funcionario del Registro que sin más comprobación creyó a pie juntillas los falsos datos que le facilitó la religiosa. El juez Carretero dispone de parte de ese expediente, pero necesita el auténtico y completo, el oficial, para estructurar la imputación que ya pesa sobre la religiosa por delitos de detención ilegal y falsedad en documento público.

Sor María Gómez Valbuena, nombre de la religiosa, le quito el bebé a María Luisa Torres en 1982 y se fue al Registro de Inscripción de adopciones y nacimientos. Alli mintió y ocultó datos. La casilla del expediente donde se preguntaba si el bebé tenía madre conocida está en blanco. El embuste brilla también en la casilla que fundamenta la fulminante adopción de la cría: la madre ha dado a luz y ha desaparecido, engañó la religiosa al oficial del registro.

Fue lo mismo que comentó la monja a los padres adoptivos de Pilar, una joven que tras años de intensa búsqueda de sus raíces por fin encontró a su madre biológica, María Luisa Torres, hace apenas un año. Su padre adoptivo siempre la acompañó y respaldó en la búsqueda. Al cumplir los 18 años, en la mente de Pilar explotó en ella un imborrable deseo de conocer a su madre biológica. Ya están juntas.

Madre e hija biológicas desfilaron recientemente ante el juez Carretero para prestar declaración.  Pilar explicó al juez Carretero, miembro de  la moderada Asociación Francisco de Vitoria, que desde que tuvo uso de razón siempre le dijeron que su madre biológica la abandonó al nacer y que se “dedicaba a la mala vida”.  Eso es lo que le transmitieron a ella sus padres adoptivos porque esa fue la única referencia que les dio a ellos sor María de la madre biológica. María Luisa, por su lado, no fue muy clarificadora cuando el juez le preguntó si en algún momento había dado pasos para buscar a su bebé. María Luisa confesó que nunca lo hizo por miedo a represalias de la religiosa. En este caso, fue Pilar quien halló a su madre María Luisa.

Si el expediente oficial de adopción ya reclamado al Registro a instancias de la Fiscalía coincide con el facilitado al juez por el padre de Pilar, el delito de  falsedad ya estaría acreditado, según los citados medios. Como acreditado jurídicamente parece estar que fue Sor María quien dio los datos falsos de la menor al Registro. El delito de detención ilegal es otra de las evidencias que estructuran las diligencias. El padre adoptivo, Álvaro, conserva aún las facturas que pagó por la niña y en concreto a Sor María. La anestesia aplicada a la madre en el parto, los cuidados sanitarios de ambos, pañales… Total, unas 100.000 pesetas de la época pagó Álvaro a Sor María por aquel bebé. Y no es solo el padre quien apunta a sor María como la persona que le entregó el bebé: la madre biológica también sostiene que fue esta religiosa quien le arrebató a ella su bebé nada más darlo a luz bajp el pretexto de que ella ya tenía una hija, que carecía de medios y que no podría atender a ambas.  

El juez citó como imputada a la religiosa el pasado día 12. Sor María se negó a declarar, si bien por la tarde hizo público un comunicado en el que negaba ser la intermediaria de aquella adopción. El juez le mantuvo la imputación y ahora está en la fase de búsqueda de más pruebas. Pese a la gravedad de los delitos no le ha impuesto ninguna medida cautelar. Su elevada edad pesa, aunque, si se confirman lo que ya parecen evidencias, puede acabar en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid. Tener 87 años no excluye a un penado de, en su caso, ir a la cárcel y menos aun de afrontar con sus bienes una eventual condena por responsabilidad civil, indemnización.

En estos casos de logenvidad del reo, la ley deja en manos de los jueces el bloqueo de la pena de cárcel. El juez “podrá”, dice la ley, exonerar del cumplimiento de la pena en un centro penitenciario y dictaminar que la purgue en su casa en función de la avanzada edad del condenado.  Pero aun así, eso no evitaría que sor María pisase la cárcel al menos mientras se resuelve el papeleo de la excarcelación si finalmente hubiera una condena, siempre según los citados medios jurídicos.

El juez Carretero, hijo del expresidente del Tribunal de Cuenta de España del mismo nombre, de talante conservador, es el primer magistrado español que abre diligencias por uno de los robos de niños en  la década de los ochenta. La Fiscalía General del Estado acumula 200 denuncias de madres e hijos que fueron separados inmediatamente después del parto y que pugnan hoy por el reencuentro. Por saber donde están sus hijos, o madres.

Están proliferando frente a los juzgados de plaza de Castilla, donde tienen su despacho el juez Carretero, las manifestaciones de madres bilógicas que reclaman al juez que asuma también el robo del resto de bebes desaparecidos.  No parece, según los citados medios del ministerio público, que el magistrado pretenda abrir en su juzgado una causa general por los robos de bebés que sacudieron algunas maternidades del Madrid de la década de los ochenta. En este caso, la víctima, Pilar, y la supuesta autora del delito, sor María, están localizadas. Hay autor conocido y delito.

Sor María estuvo durante más de 30 años como asistente social en la maternidad del desaparecido hospital de Santa Cristina. Allí recibía a matrimonios que querían adoptar niños. Por entonces, regentaba centros de acogida para embarazadas a las que trataba de convencer para que le entregaran a sus bebés. E incluso engañó a algunas madres diciéndoles que sus hijos habían muerto. La imputada Sor María pertenece a las Hermanas de la Caridad, orden en la que aparecen acusadas más religiosas por desaparición de bebés en otros puntos del Estado español.

Los principales obstáculos que enervan las investigaciones que desarrollan fiscalías de toda España por 200 denuncias de robos de bebés en hospitales españoles son el tiempo transcurrido desde el hecho y la ausencia de pruebas incriminatorias. También ha de sortearse el fantasma de la prescripción del delito. Son delitos cometidos hace unos 30 años. En el caso de Pilar, esa traba la franquea el artículo 132, párrafo segundo, del Código Penal, que establece que, cuando la víctima es un menor, la prescripción del delito contra la libertad de las personas (detención ilegal se imputa a sor María) empieza a computar a partir de que aquel alcance los 18 años, mayoría de edad.

 Más difícil sería saltarse la prescripción del delito, opinan expertos en derecho, en caso de que el juez hallara responsabilidad y complicidad con sor María en el funcionario del Registro que anoto los mendaces datos que ella le facilitó. Salvo que, en una interpretación extensiva de la norma, se aplicase conexidad de los tipos en la acción antijurídica. Todo ello sin contar otra dificultad añadida: localizar  el nombre del funcionario, y donde se halla hoy, que anotó tan mendaces datos sin una mera comprobación y el único testimonio de sor María.

Para evitar mercadeos de niños, hoy las adopciones las controla un organismo oficial bajo la supervisión de las fiscalías provinciales. Ni siquiera una madre biológica puede decidir a su antojo la entrega en adopción de su vástago. Hay una bolsa oficial de familias aspirantes a una adopción y es este organismo el que, con sus respectivo equipos de psicólogos, y ante la mirada de los fiscales, dictamina qué familia reúne los requisitos y es la candidata adecuada para quedarse un bebé o niño abandonado.

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