La secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas, reabrió esta mañana la caja de los truenos respecto al aborto. Preguntada tras la presentación de un informe sobre infecciones hospitalarias, Farjas indicó que de la cartera de servicios “no va a salir ninguna de las prestaciones que por criterio médico requiera del sistema nacional de salud”.

Farjas dejaba así abierta a la puerta a dejar fuera otras indicaciones. Por ejemplo, el aborto por plazos, que la actual ley permite, sin ningún tipo de intervención médica, durante las primeras 14 semanas de gestación. Esta es la línea de la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo que anunció nada más llegar al poder el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La declaración de la responsable de Sanidad está en línea con el documento enviado a Bruselas por el Gobierno, donde al mencionar las medidas de ahorro de Sanidad, se establece que “la cartera de servicios públicos” solo atenderá a “prestaciones estrictamente dirigidas a la curación o la prevención de la enfermedad”. Preguntado, un portavoz del ministerio que dirige Ana Mato negó que se refirieran al aborto o a la reproducción asistida. Tampoco Farjas quiso ir más allá, y se limitó a decir que la revisión de la cartera, que harán las agencias de calidad autonómicas trabajando en red, se hará por criterios de “eficacia, eficiencia y calidad”.

Junto a la prestación de la interrupción del embarazo, hay otros tratamientos, como los de fertilidad o el cambio de sexo, que los afectados creen que, si se aplica al pie de la letra lo estipulado en este documento, pueden quedar fuera o muy restringidos, ya que podría considerarse que no se trata de auténticos tratamientos curativos o preventivos.

El Gobierno no ha dado más detalles de cómo va a ser la reforma de la norma del aborto. Grupos como Derecho a Vivir le exigen que, simplemente, se prohíba la interrupción del embarazo. Estos movimientos tampoco están de acuerdo con volver a la ley anterior, que consideraban un coladero ya que permitían a la mujer interrumpir el embarazo en cualquier momento con solo alegar que llevarlo a término le supondría un grave daño psicológico o físico, y que este fuera ratificado por un psicólogo. En el fondo, esta regulación era más permisiva que la actual, ya que la de ahora solo autoriza la libre decisión en las 14 primeras semanas, y pone en las 22 el límite para abortar por indicación médica (grave riesgo o malformación).

Tampoco la ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dado detalles de cuál va a ser la reforma. En su comparecencia en el Congreso al poco de tomar posesión solo indicó que habría una ayuda a las mujeres que no quisieran abortar, con información sobre cuáles son las alternativas. Lo único que parece seguro es que la posibilidad de que las chicas de 16 y 17 años abortaran en algunos casos sin notificárselo a los padres quedará fuera.

Esta posibilidad, que introdujo la ley aprobada durante el Gobierno del PSOE, estaba pensada para aquellas adolescentes que estuvieran convencidas de que decir en su casa que iban a abortar les iba a causar un gravísimo problema. El cambio de ley entró en vigor en julio de 2010.  Ese año interrumpieron su embarazo 426 menores de 15 años, y 13.696 mujeres entre 15 y 19 años. A falta de datos oficiales, las clínicas de interrupción del embarazo, asociadas en Acai, calculan que el 87% de las menores contaron con el permiso paterno (o materno).

En España se realizaron en 2010 -último año con datos- 113.031 interrupciones del embarazo. La cifra se mantiene casi constante desde los 112.138 de 2007, según el Ministerio de Sanidad.

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