El ruido municipal no cesa; en los grandes y en los pequeños Ayuntamientos, ahogados por la crisis, los alcaldes peinan sus territorios buscando dónde arañar un tributo que no se cobra, una tasa que alguien no paga, un privilegio fiscal que antes se pasaba por alto. La mirada de los munícipes se ha detenido en los miles de edificios que posee la Iglesia, en sus hectáreas de tierra —que llaman huertos y jardines—, exentas ambas propiedades de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI), del que no se escapan los ciudadanos ni las empresas. Zamora (gobernada por el PP) ha revisado su padrón de edificios con ese objeto y ahora exigirá a la Iglesia la tasa de basura. Valladolid y León (también del PP) anuncian estudios jurídicos que determinen con precisión qué se puede cobrar y qué no. El alcalde vallisoletano, Francisco Javier León de la Riva, prevé solicitar un dictamen al Consejo Consultivo para después estudiar este impuesto en “profundidad”. Recordó que el IBI no se cobra a ninguna confesión.

El Ayuntamiento de León elabora un informe para determinar en qué edificios no se está pagando el IBI, con independencia del titular, y analizar la cobertura legal de las exenciones, dijo a Efe un portavoz, José María López Benito. Soria (PSOE) también está por la labor. No así la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quien equiparó la exención de la Iglesia con la que disfrutan otros edificios públicos.

En otras ciudades, el PP está bloqueando iniciativas en este sentido. Santiago de Compostela rechazó en abril una iniciativa del BNG en la que pedían compensaciones a la Iglesia por el dinero que dejaban de ingresar, unos 850.000 euros al año, calcularon. El PP la tumbó. El miércoles pasado ocurrió algo parecido en Oviedo: PP y Foro rechazaron cobrar el IBI a la Iglesia. IU, de quien partió la iniciativa, recordó allí que la recaudación en toda España supondría un ingreso para el total de Ayuntamientos de unos 3.000 millones de euros. Otros municipios como Vilagarcía de Arousa o Lugo, en Galicia, han tratado sobre el asunto, pero ven las dificultades legales. Lugo cree que ha de “canalizarlo” la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). ¿Y qué dice la FEMP? Poco o nada. Que “ningún consistorio” les ha planteado “la existencia de problemas sobre esta cuestión”. Recuerdan la ley y los acuerdos suscritos con la Santa Sede, donde no se hace “referencia alguna a tasas municipales”, por tanto, a ese respecto “depende de cada Ayuntamiento”. Pero no si se trata del IBI.

Las exenciones fiscales a la Iglesia vienen de muy antiguo, cuando se consideró, a principios del siglo XIX, que había que compensar al sagrado estamento por las desamortizaciones y la abolición de los diezmos. A lo largo de ese siglo, la legislación confirma o modifica —siempre generosamente— estas exenciones fiscales. Con algunos paréntesis, la inercia de la historia ha llegado hasta los Acuerdos Económicos con la Santa Sede firmados en 1979, que son los que ahora mantienen presa la fiscalidad española. Los municipios son conscientes de ello. “Esto es un tratado internacional, pero se puede modificar, derogar o suspender con mecanismos de derecho internacional. Es el Gobierno quien tendría que denunciarlos si la otra parte no se aviene a la modificación. Pero los Ayuntamientos tienen las manos atadas”, explica Alejandro Torres, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pública de Navarra. “¿Cómo se justifica hoy este beneficio fiscal? Porque no veo qué relación tiene un huerto y un jardín con el derecho a la libertad religiosa”, dice Torres. El catedrático, que ha trabajado largo sobre estos asuntos, opina que “lo más lógico es renegociar esos acuerdos”, porque la vía del Tribunal Constitucional la ve complicada, “y de plazos extensos, penosos”. Si la negociación no llega a buen puerto siempre cabe que el Gobierno denuncie unilateralmente los acuerdos. “Equivaldría a romper relaciones diplomáticas”, asegura.

El Gobierno no está por la labor, como se ve en su respuesta a una pregunta parlamentaria que cursó el diputado de IU Gaspar Llamazares. El responsable del Gobierno de Relaciones con las Confesiones, Ángel Llorente, también ha dicho estos días que España “no se puede entender sin referencia al cristianismo”. Y opina que la regulación actual “es satisfactoria”. Ningún Gobierno la ha cambiado, dicen.

El discurso del PSOE sobre el asunto sí ha cambiado desde su reciente congreso en Sevilla. “No es razonable que este privilegio siga existiendo, somos conscientes de que ha supuesto un agravio para muchos socialistas durante mucho tiempo, que hemos decepcionado a muchos electores. Hay que reformar esos acuerdos”, dice Antonio Hernando, secretario de Relaciones Institucionales del PSOE. Y añade: “Me adelanto a las críticas. ¿Pudimos hacerlo cuando gobernábamos? Sí”.

La organización Europa Laica, acompañada por el coordinador de IU, Cayo Lara, ha pedido con más de 33.000 firmas en el Congreso entregadas el miércoles que se elimine la exención de pagar el IBI a la Iglesia. IU se ha hecho eco de sus propuestas para modificar los Presupuestos. Del mismo grupo, Gaspar Llamazares recuerda lo ocurrido en Italia, donde ya se le exige el IBI a la Iglesia. “Un Estado aconfesional no puede tener estos privilegios con ninguna confesión”.

La Conferencia Episcopal Española guarda silencio. “Es cosa de cada obispado”, dice.