Una quincena de musulmanes ha demandado al Gobierno norteamericano por considerar que la lista de denegación de vuelo, que incluye a personas sospechosas de terrorismo, es inconstitucional. Todos los demandantes son ciudadanos de EE UU -varios de ellos veteranos del Ejército- o residentes legales en ese país, que en los últimos dos años se han visto obligados a permanecer en tierra al constatar que formaban parte de ese listado.

A ninguno se le ha explicado el motivo de su incorporación a la lista, que depende del Departamento de Justicia, el FBI y el Centro de Investigación Antiterrorista (TSC en sus siglas en inglés). Tampoco se les ha dado la oportunidad de eliminar su nombre de la misma, aunque en algunos casos concretos, el FBI se ha ofrecido a ello a cambio de colaborar como informantes de la agencia.

Los quince demandantes están representados por la Unión de Derechos y Libertades Civiles (ACLU en sus siglas en inglés), que en agosto de 2010 ya presentó esta misma demanda ante un juzgado local que se declaró incompetente. Este viernes se ha celebrado la primera vista en el Juzgado de Apelaciones de Portland (Oregón). “Es inconstitucional que el Gobierno incluya a los ciudadanos en listas secretas y les deniegue luego su derecho a viajar sin justificación legal o jurídica alguna”, ha señalado Nusrat Choudhury, abogada de ACLU, en un comunicado.

La Agencia de Seguridad de Transporte elabora la lista de prohibición de vuelo con la información de la base de datos de sospechosos de terrorismo de la TSC, una agencia dependiente del FBI encargada de elaborar y mantener ese archivo. El Centro Nacional para la Lucha contra el Terrorismo y el FBI son los dos organismos facultados para determinar qué personas deben formar parte de esa base de datos.

En la actualidad, y de acuerdo con la demanda, de los más de 400.000 individuos que integran la lista de prohibición de vuelo, 20.000 residen en EE UU y solo 500 son ciudadanos de ese país. Desde que en la Navidad de 2009 fuera detenido en Detroit un nigeriano vinculado a Al Qaeda cuando intentaba detonar una bomba en un avión, el número de personas que forman parte de este archivo se ha duplicado.

“El sistema estadounidense de control de los pasajeros de vuelos comerciales desarrollado a partir de bases de datos de sospechosos de terrorismo no funciona”, comienza la demanda de 94 páginas. “A miles de personas se les ha impedido volar sin ofrecerles ninguna posibilidad de conocer o confrontar las causas de su inclusión por el Gobierno en la lista de denegación de vuelo. La consecuencia es un número creciente de personas a quienes, por un error o una mera sospecha, las autoridades consideran muy peligrosas para volar pero demasiado inofensivas para ser detenidas”.

La demanda detalla profusamente las situaciones vividas por los 15 demandantes a partir del momento en que descubrieron que tenían prohibido volar. Ibraheim Mashal, un exmarine de 30 años que vive en Chicago (Ilinois) con su mujer y sus tres hijos, es entrenador de perros y tenía clientes en 33 Estados hasta que, el 20 de abril de 2010, tuvo que quedarse en tierra tras serle comunicado que su nombre estaba incluido la temida lista. Desde entonces, ha relatado en conversación telefónica, "ha perdido todos los trabajos a los que no puede desplazarse en coche".

Una vez que se entra en la lista es muy complicado salir. “El Gobierno no facilita a los viajeros mecanismos justos y efectivos para poder eliminar el nombre de ella”, explica el escrito de ACLU. El perjudicado debe cumplimentar un formulario de queja y el Departamento del Interior le remite a su vez una carta con el “número de control de reclamación”, pero sin dar ningún detalle más sobre su posible inclusión en una lista de sospechosos del Estado o sobre el procedimiento para oponerse a dicha inclusión.

La falta de respuesta por parte de la Administración ha determinado a los demandantes a interponer su demanda para lograr ser restituidos en unos derechos que, según sostiene la demanda, se les han hurtado “de manera arbitraria, caprichosa, abusando de la jurisdicción y, en todo caso, en oposición a la ley y en contra de los derechos constitucionales”.