El Ayuntamiento de Madrid ha arreado hoy un severo coscorrón dialéctico al obispo de Alcalá de Henares por sus declaraciones homófobas. En el plano económico, ha descartado realizar cualquier tipo de movimiento político o administativo para tratar de cobrar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia católica. El pasado 6 de abril, Viernes Santo, Juan Antonio Reig Plà cargó en su homilía, emitida en directo por La 2 de Televisión Española, contra los homosexuales: “Piensan desde niños que tienen atracción hacia personas de su mismo sexo y, a veces, para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno”.

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (gobernado por el Partido Popular; 204.000 habitantes) ha vetado a Reig Plà en los actos municipales de carácter oficial, al entender que sus declaraciones perjudican la imagen de la ciudad. Lo ha hecho con los votos del Partido Socialista, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia; y con la oposición del PP y de la formación ultraderechista España 2000. Además, el Pleno ha solicitado a la Iglesia católica el traslado de Reig Plà a otra diócesis.

El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, se ha unido este mediodía a la crítica contra el obispo con una frase contundente: “Ese tipo de comportamientos homófobos no tiene lugar en Madrid, estamos orgullosos de nuestro marco de convivencia, que es el que queremos para Madrid”. Ayer, el cineasta Alejandro Amenábar agradecía precisamente a la capital haberle permitido “vivir con libertad su condición sexual”.

Pese a que su condena a la homofobia pretendía ser general, el vicealcalde respondía así a preguntas de los periodistas sobre su opinión al respecto de las declaraciones del obispo. También durante la rueda de prensa posterior a la Junta del Gobierno local celebrada esta mañana, Villanueva ha descartado cualquier acción por parte del Ayuntamiento para cobrar el IBI a la Iglesia católica.

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en octubre con el respaldo de todos los grupos (PP, PSM, IU y UPyD) instar al Gobierno central a que "compense el impacto financiero de determinadas políticas fiscales que afectan a la financiación local", así como las exenciones a los tributos municipales que decida imponer.

La Ley de las Haciendas Locales estipula que la Iglesia está exenta de pagar el IBI en virtud de los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979. Esta “exención total y permanente de la contribución territorial urbana” afecta a templos y capillas, residencias de obispos y sacerdotes, oficinas, seminarios y conventos. En 2011, la cantidad perdonada sumó 4,86 millones de euros.

Tampoco pagan el IBI los edificios públicos dedicados a seguridad ciudadana (comisarías), servicios educativos (colegios) y penitenciarios (cárceles), o a la defensa nacional (cuarteles), los inmuebles de la Cruz Roja, las sedes diplomáticas de otros países y las estaciones de ferrocarril. En 2011, fueron en total 38 millones en concepto de exenciones para el Estado por los edificios públicos, a los que hay que sumar 5 más por las estaciones de ferrocarril y 3,2 por las sedes diplomáticas. Las ONG se beneficiaron de 13 millones en exenciones.

También se libran del pago del IBI los edificios catalogados como patrimonio histórico, lo que no se refiere únicamente a monumentos, sino, por ejemplo, a inmuebles antiguos del centro de la ciudad (incluso aunque tengan uso comercial, como hoteles o restaurantes). Por ello, el Ayuntamiento dejó de ingresar 30 millones el año pasado.

La posición del Ayuntamiento de Madrid ha variado con la marcha en diciembre de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) al Ministerio de Justicia y su sustitución como alcaldesa por Ana Botella (PP). El pasado mes de octubre, el Pleno municipal instó con el acuerdo unánime de todos los grupos (PP, PSM, IU y UPyD) al Gobierno central a cambiar la Ley de Haciendas Locales para dar al Ayuntamiento la potestad de decidir quién queda eximido de pagar el IBI y quién no. “Que pague quien tenga que pagar, o que el Estado compense a los Ayuntamientos por lo que dejan de ingresar en virtud de una ley que no tiene razón de ser", dijo el entonces concejal de Hacienda, Juan Bravo, ahora subsecretario de Estado de Justicia.

Hoy, sin embargo, Villanueva (que formaba parte del Gobierno local de Gallardón, como lo hacía también Botella), ha explicado la opinión de la alcaldesa al respecto: “En el caso de que se produjese la modificación legal correspondiente, de darse la posibilidad, Madrid no plantearía el cobro por una razón muy sencilla: tiene en consideración la función social de la iglesia, que en estos momentos de crisis se ha redoblado de una forma muy importante”.

El Pleno de Alcalá de Henares ha sido el primero (y único hasta el momento en la región) en aprobar un cambio en la normativa municipal que permita el cobro del IBI a la Iglesia católica. El Partido Socialista se plantea impulsar esta cuestión en otros Ayuntamiento. En Madrid, ya lo ha hecho Izquierda Unida.

El vicealcalde de la capital ha criticado lo que a su juicio es “un gesto de cara a la galería”, puesto que “ninguna ordenanza municipal puede cambiar una ley estatal o un acuerdo internacional”, en referencia a la Ley de Haciendas Locales y al Concordato entre el Estado español y la Santa Sede.

Sin embargo, el PSOE de Alcalá de Henares considera que sí se puede cobrar el IBI cuando el inmueble no esté destinado al culto religioso, o cuando esté alquilado a terceras personas, puesto que se trataría de una actividad económica (aunque este supuesto no permite cobrarlo a los edificios históricos, por ejemplo). “La aportación de la Iglesia es importante y justa, pues tiene más de 100.000 propiedades en nuestro país. Y podría generar unos ingresos para las Administraciones Públicas de más de 4.000 millones de euros”, ha asegurado este partido. Recordemos en cualquier caso que esa cifra, en el caso de la capital, se reduciría a cinco millones.

La Iglesia católica no sólo está exenta de pagar el IBI en la capital, sino también la tasa de basuras, de la que se libran: “Las entidades sin ánimo de lucro, la Iglesia Católica u otras iglesias, confesiones y comunidades religiosas, en los términos en que resulte de aplicación el artículo 15 y la disposición adicional novena de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.

También están exentos “los organismos públicos de investigación o establecimientos de enseñanza en todos sus grados, en los mismos términos en que resulte de aplicación el artículo 82.1.e) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales”. El Ayuntamiento de Zamora ha sido el primero en intentar cobrar la tasa a la Iglesia católica, tal y como anunció hace unos días. Madrid no planea hacerlo en ningún caso.