Varios municipios de Madrid han empezado a plantearse la posibilidad de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia y los grupos municipales de varios de ellos, como Móstoles, Leganes y San Sebastián de los Reyes se han sumado a Alcalá de Henares.

El martes pasado, el pleno municipal de Alcalá de Henares (con 204.000 habitantes) decidió que a partir de 2013 exigirá a las confesiones religiosas el pago del IBI. La moción fue aprobada en un pleno municipal a instancias del PSOE y respaldada por IU-LV, UPyD, además del PP, que gobierna en minoría en la localidad. Según el PSOE en Alcalá de Henares, si la medida aprobada fuese generalizada en España supondría unos ingresos para las arcas públicas locales de más de 4.000 millones de euros.

A propuesta de la coalición Izquierda Unida (IU), el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes ha aprobado una declaración institucional en la que se solicita al Gobierno que revise el acuerdo de 1979 sobre Asuntos Económicos con la Santa Sede y que sean censadas las propiedades inmobiliarias de la iglesia católica y de otras confesiones, y de sus entidades y asociaciones afines. La declaración insta a las Cortes Generales a que hagan las modificaciones legales pertinentes a nivel estatal y autonómico "para evitar injustificables exenciones del IBI y de otros impuestos a la iglesia católica y a otras entidades jurídicas".

En el mismo sentido, el grupo socialista en las localidades madrileñas de Móstoles (206.000 habitantes) y Leganés (187.000) ha anunciado que en los próximos plenos propondrán que las confesiones religiosas contribuyan con sus impuestos a las administraciones locales.

Mientras tanto, en Madrid capital, el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, ha dicho en una rueda de prensa que no se va a cobrar el IBI a la iglesia católica ni aún en el caso de que una reforma de la Ley de Hacienda y del Concordato con la Santa Sede lo permitieran. El argumento expresado por el vicealcalde es que el Gobierno de Madrid "tiene en consideración la función social de la Iglesia, que en estos momentos de crisis se ha redoblado".

El acuerdo con la Santa Sede data del 3 de enero de 1979 cuando se firmaron cuatro Acuerdos Específicos -Asuntos Jurídicos, Económicos, Culturales y de Enseñanza y de Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas- que sustituyeron al Concordato de 1953. En los últimos años y de forma creciente diversos sectores sociales han solicitado una reforma de estos Acuerdos con la Iglesia. El 25 de mayo de 2008 el Congreso de los Diputados rechazó una proposición no de ley en este sentido destinada a fijar un nuevo marco de cooperación entre la Iglesia y el Estado español. El Gobierno socialista manifestó en varias ocasiones que no se planteaba la modificación de la política con la Santa Sede.

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