El objetivo es eliminar las “cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico” de la asignatura más polémica de las tres últimas legislaturas: Educación para la Ciudadanía. En la práctica esto implicará menos contenidos sobre los conflictos sociales y las desigualdades, obviar las escasas referencias a la homosexualidad, e incorporar como nuevos temas la defensa de la iniciativa privada y la crítica del “nacionalismo excluyente”.

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, había anunciado nada más llegar al cargo que transformaría la asignatura, que rebautizará como Educación Cívica y Constitucional. La Conferencia Episcopal Española, que ha encabezado la oposición contra la materia desde su implantación en 2006, aplaudió su intervención a la espera de concreciones. El próximo jueves, el Ministerio de Educación propondrá los nuevos contenidos de la asignatura de Ciudadanía que se cursa en 2º o 3º de ESO, dependiendo de la comunidad. La propuesta, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, elimina la única mención del decreto 1631/2006 a la homosexualidad, uno de los puntos más conflictivos para los opositores a la asignatura y los obispos —se hacía referencia al rechazo a la homofobia—. Borra cuestiones que aluden, de forma más o menos directa, a conflictos o tensiones sociales —como las “actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria”—. E incluye otros conceptos, como nacionalismos excluyentes, terrorismo, el papel de la iniciativa económica privada “en la generación de la riqueza” o el respeto a la propiedad intelectual. En general, el nuevo diseño hace más hincapié en el respeto a los límites legales y constitucionales a los que se han de atener los ciudadanos. En muchos casos, se sustituyen simplemente los contenidos anteriores por referencias mucho más genéricas. “Ninguno de los puntos que se proponen eliminar fueron objeto de controversia durante la negociación de los contenidos de la materia”, en 2006, en la que estuvo presente la patronal de los colegios católicos, asegura el entonces secretario general de Educación, Alejandro Tiana. Sí lo fueron después.

La polémica en torno a esta materia, que los alumnos estudian en clases de una hora semanal, arrancó con mucha fuerza tras su implantación y se fue diluyendo con los años. En 2009 había 114 objetores de conciencia de 800.000 estudiantes, según el último recuento realizado por este periódico. En esa misma fecha, el Tribunal Supremo concluyó, tras centenares de causas judiciales y sentencias dispares en los tribunales autonómicos, que no se puede objetar a esta materia obligatoria, aunque pidió que se controlara el contenido de los manuales.

Entonces, las asociaciones de objetores reclamaron diálogo al Gobierno socialista para consensuar unos contenidos en los que debían quedar fuera las referencias a la moral, la afectividad o rechazo a la discriminación de los homosexuales. De hecho, citaban textualmente algún epígrafe que ahora el ministerio propone eliminar, como el que se refiere al racismo, la xenofobia y la homofobia.

El ministerio anunció en enero que intentaría aplicar los cambios “lo antes posible”, en referencia al curso que viene, por lo que ahora se cambiarán los contenidos y el año próximo, el nombre (para esto hace falta cambiar la ley orgánica). Estos son los principales giros de la nueva Educación Cívica y Constitucional en la ESO:

Homosexualidad. Elude la referencia a los afectos y las emociones o a las relaciones entre hombres y mujeres. Borra un párrafo completo sobre el aprendizaje de “la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. La alternativa se centra en “la familia en el marco de la Constitución Española”, la noción de la ciudadanía o “los criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad española”.

Desigualdades. Educación para la Ciudadanía se concibió, entre otros aspectos, para enseñar a los alumnos a argumentar opiniones y juicios de forma razonada “con una actitud de compromiso” para mejorar la realidad. Este entrecomillado se elimina, igual que el que entendía los derechos y deberes humanos “como conquistas históricas inacabadas”. También desaparece la referencia a la “compensación de las desigualdades” o “el rechazo de las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales”. Frente a ellas, se propone una visión más institucional y genérica, con epígrafes como “el deber de transparencia en la gestión pública”, “el Parlamento”, “las elecciones” o “la opinión pública”. Elimina la referencia a “riqueza y pobreza” o “la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza”.

Terrorismo y nacionalismo excluyente. Los alumnos ya no centrarán su aprendizaje en la existencia de un “mundo desigual”, sino que abordarán conflictos del mundo: terrorismo, fanatismo religioso, estados fallidos o los “nacionalismos excluyentes”.

Economía. El bloque que estudia las sociedades democráticas del siglo XXI incluye un epígrafe nuevo sobre “la dimensión económica de la sociedad humana”. Alude a las libertades políticas y económicas y al papel “de la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”.

Propiedad intelectual. Tras la polémica por la llamada Ley Sinde, cuyo reglamento vio la luz con el PP, el temario incluye el concepto de “respeto a la propiedad intelectual”, además de otras propuestas como la gestión de desechos, preservación del patrimonio, la contaminación acústica o los deberes hacia la naturaleza y el medioambiente.

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