No recuerdo el año, pero todavía andábamos con la peseta cuando el sr. De la Torre envió una carta al entonces gerente de Carlos Haya, Francisco Juan, reclamándole 80 millones de pesetas en concepto de IBI por los cuatro centros que componían el complejo hospitalario: Carlos Haya, Materno, Civil y Cruz Roja. Una importante cantidad entonces y ahora, porque la administración sanitaria nunca ha andado sobrada de dineros.

El gerente me llamó y me dijo: «Delegado (yo era el delegado de Salud), ¿qué hago? No tengo dinero para pagar esa cantidad». A lo que yo respondí: «No pagues ni un duro; mientras la Iglesia, sus parroquias, colegios, cofradías, etc., no paguen el IBI, los hospitales y centros de salud tampoco, porque si esos inmuebles no tienen afán de lucro ni como finalidad la rentabilidad económica, los centros sanitarios tampoco tienen afán de lucro, y si los centros religiosos católicos se dedican a salvar almas los centros sanitarios están dedicados a salvar vidas».

La ley nos obligó a pagar. Y seguimos pagando. Solo un ejemplo: por cada centro de salud en la capital el SAS paga al Ayuntamiento algo más de 5.200 euros al año. Aquello, pues, no fue una pataleta sino una cuestión de lógica y también, por qué no decirlo: una posición ideológica.

Viene esto a colación de la noticia que leía el sábado pasado en varios medios y que decía que el alcalde, sr. De la Torre, ve incoherente que el PSOE pida ahora revisar el Concordato para cobrar el IBI y que se trataba de una petición con poco fundamento ya que los inmuebles de la Iglesia carecen de rentabilidad económica.

El argumento de la no rentabilidad esgrimido por el alcalde es también aplicable a los centros sanitarios y, por extensión, a todos aquellos inmuebles que tienen como finalidad la prestación de un servicio público y universal.

Pero, además, ese argumento me sugiere una reflexión merecedora de un profundo debate: si la vivienda que adquiere una familia para satisfacer una necesidad básica, considerada constitucionalmente como un derecho, es propiedad de una entidad financiera durante los 25 o 30 años que tarda la familia en amortizar la hipoteca, ¿por qué es la familia quien paga el IBI? Para la familia la vivienda es una necesidad, mientras para el banco o entidad financiera es un negocio del que obtiene una importante rentabilidad económica con los intereses que se cobra del dinero prestado (hipoteca). Por tanto sería razonable que el banco abonase el IBI del inmueble, al menos hasta tanto no sea definitivamente propiedad de la familia que se hipotecó. Por ejemplo. Pero este es un «melón» que está por madurar y que alguien, algún día no muy lejano, abrirá.

A lo que iba: me parece absolutamente coherente, y oportuno, que el Grupo Municipal Socialista plantee al Gobierno central la revisión del concordato con la Santa Sede para que la Iglesia pague el IBI. Y me parece coherente porque la Iglesia recibe fondos del Estado, o sea, del dinero que aportamos todos los ciudadanos seamos o no creyentes. Pero, además de esos fondos directos, también recibe importantes ayudas públicas para obras de restauración y mantenimiento de su inmenso patrimonio; un patrimonio que, por cierto, ejerce funciones de rentabilidad económica al cobrar al visitante la entrada; o cuando organiza y celebra exposiciones como la de la Sábana Santa en la Catedral de Málaga previo paso y pago por la taquilla ubicada en una esquina de la escalinata. Por no hablar del cepillo dominical o las «tarifas voluntarias» por la administración de sacramentos: bautizos, bodas, comuniones, etc.

Y además de coherente me parece oportuno el momento. En períodos de crisis o bonanza siempre somos los mismos los que ponemos la solidaridad fiscal: el pueblo llano. O como diría el sociólogo alemán Ulrick Beck, los ciudadanos no son los destinatarios de la distribución de la riqueza ni siquiera en tiempos de bonanza económica; pero siempre son los destinatarios de la distribución de los riesgos, también en tiempos de crisis. Por eso es oportuno solicitar a la Iglesia que arrime el hombro y colabore solidariamente con los pobres de la tierra, de esta España nuestra, que cada viernes son flagelados con los recortes de Rajoy.

Sr. De la Torre, el IBI que deja de pagar la Iglesia asciende, aproximadamente, a 3.000 millones de euros al año, justo el dinero que el Gobierno de su partido ha decidido recortar en educación. ¿Cuántos recortes puede evitar el Gobierno del PP si adopta medidas valientes como solicitar que la Iglesia pague el IBI? No mire hacia atrás y haga suya la propuesta en nombre de los malagueños. Y otra cosa: no sea más papista que el Papa, que hasta Rouco Varela ha dicho que si hay que pagar, se pagará.

[José Luis Marcos Medina es Exdelegado de Salud y del Gobierno andaluz]

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