El PSOE planteará mociones en todos los ayuntamientos de España en los que goza de representación para que la Iglesia pague el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)sobre los edificios no destinados al culto.

Pese a que la reclamación socialista apunta también a todas las confesiones religiosas beneficiadas por exenciones fiscales desde los Acuerdos de Cooperación de 1992 (recogidos en la ley de mecenazgo de 2002, y que engloba a las Federaciones evangélicas e israelistas y al Comité Islámico de España), el documento presentado por el PSOE destaca a la Iglesia Católica como el objetivo principal de su pretensión. Según el secretario de Ciudades y Política Municipal del partido, Gaspar Zarrías, los esfuerzos contra la crisis deben ser «compartidos por las confesiones religiosas, especialmente por la Iglesia Católica, propietaria de la inmensa mayoría de estos inmuebles».

De esta forma, la iniciativa socialista propone realizar un censo de los inmuebles rústicos y urbanos de la Iglesia «para poder así girar el IBI a todos aquellos bienes inmuebles cuyo destino no esté vinculado al culto». Además, plantea crear una Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa que modifique la Ley de Haciendas Locales y la Ley de Mecenazgo y Fundaciones, y que revise los Acuerdos del Reino de España con la Santa Sede de 1979.

Para Zarrías, su partido tan solo pretende apostar «por una legislación que evite privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias, y que establezca un tratamiento fiscal de las distintas confesiones igual que el del resto de instituciones».

¿La Iglesia tiene privilegios?

La Iglesia, según el acuerdo firmado entre España y el Vaticano, está exenta de pagar el IBI para «los templos y capillas destinados al culto; sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral; la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con Cura de almas; los locales destinados a oficinas; la Curia Diocesana y las oficinas parroquiales».

Sin embargo, aun con este marco legal favorable, la institución católica se acoge además a mencionada ley de mecenazgo, que prevé exenciones fiscales para un buen número de instituciones sin ánimo de lucro, como son las fundaciones, las ONG dedicadas al desarrollo, la Cruz Roja Española, el Patrimonio Histórico o la propia Iglesia Católica. En este sentido, la ley dice que todos los inmuebles de los que sea titular la entidad sin ánimo de lucro no estarán sujetos a pagar el IBI, mientras no sean explotados con fines de enriquecimiento económico.

Sobre Cáritas

El secretario del PSOE también ha aprovechado el anuncio de su iniciativa para rebatir al cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, quien hace unos días afirmó que la labor social de la Iglesia podría resentirse si ésta tuviera que pagar el IBI. «Son precisamente los impuestos de los ciudadanos los que permiten a Cáritas hacer la magnífica labor que hacen, al igual que cientos de ONG en este país», ha manifestado el dirigente socialista.

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