El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, defendió ayer en una entrevista concedida al programa A vivir que son dos días, de la cadena SER, las exenciones fiscales a la Iglesia católica en España. Lo hizo para reivindicar la necesidad de que la Iglesia opere en igualdad de condiciones con otras confesiones religiosas y organizaciones no gubernamentales a la que se aplican ahora las mismas exenciones fiscales en función de la Ley de Haciendas Locales de 2004 y de la Ley de Mecenazgo de 2002.

La ofensiva institucional de los socialistas a favor de cobrar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) —la principal herramienta fiscal de los Ayuntamientos españoles— a la iglesia católica se topa con la legislación vigente y con los acuerdos suscritos por el Estado español con la Santa Sede.

Los Ayuntamientos españoles no pueden ahora cobrar el impuesto de bienes inmuebles a los lugares de culto porque hay dos leyes y un acuerdo internacional que lo prohíben. La Ley de Haciendas Locales y la Ley de Mecenazgo, además de los acuerdos con la Santa Sede, establecen que están exentos del pago del impuesto de bienes inmuebles “los templos y capillas destinados al culto, así como sus dependencias o edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral”.

El PSOE pretende forzar el debate sobre la modificación de acuerdos y leyes para que la Iglesia católica pague más impuestos. En la actualidad, solo paga por aquellos edificios donde desarrolla actividades económicas de lucro por las que también abona el impuesto de sociedades.

Óscar López, secretario de Organización del PSOE, insistió ayer en la necesidad de impulsar una reforma sobre las condiciones fiscales que se aplican ahora a la Iglesia católica y que los socialistas no modificaron en sus últimos siete años y medio de Gobierno.

La moción que los socialistas defenderán en todos los Ayuntamientos reclama que se cobre el IBI de la Iglesia católica y de otras confesiones religiosas en garajes y edificios no destinados al culto, como por otra parte ya establece la legislación vigente. Sin embargo, los socialistas consideran que ahora no se aplica esa Ley con el rigor necesario: “En las décadas preferentes se ha realizado una aplicación extensiva de esa exención, de forma que ha alcanzado a bienes e inmuebles no estipulados por la ley vigente (...) Este beneficio fiscal se ha extendido incluso a la exención del pago de las tasas municipales establecidas por los Ayuntamientos”.

“No se trata de ir contra nadie”, señaló ayer López, “se trata de que todo el mundo haga un esfuerzo y la Iglesia, también. En estos momentos de crisis en los que todo el mundo tiene que hacer esfuerzos y todos los ciudadanos tienen que hacer esfuerzos, la Iglesia también tiene que hacerlos”.

El Partido Popular rechazó la iniciativa socialista y contestó que ahora “no es momento de demagogia sino de reformas para salir de la crisis”.