La sociedad está enterada de ciertos privilegios legales que distinguen a la Iglesia católica —también a otras confesiones— del resto de los mortales, sean personas o empresas. Un 80% de los ciudadanos opina que la Iglesia debe pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) del que ahora está exento gracias a un acuerdo internacional firmado entre el Vaticano y el Estado español en 1979. Y esta exigencia tributaria no parte solo de los ciudadanos de izquierdas o ateos. Opina lo mismo el 61% de los votantes del PP y un 45% de los españoles que se declaran católicos practicantes. El 80,5% de los católicos no practicantes o poco practicantes también quieren que la Iglesia abandone el paraíso fiscal del que disfruta, con distintos retoques, desde tiempo inmemorial. Y estos últimos son mayoría entre los españoles.

Una encuesta elaborada por Metroscopia del 20 de marzo al 23 de mayo a partir de 5.650 entrevistas muestra cómo los ciudadanos tenían ya una opinión formada cuando algunos políticos deciden ahora defenderla. Un 74% de los votantes socialistas se consideran católicos (de distinta intensidad), sin embargo, el 95% quiere que la Iglesia pague el IBI. Y parecido le ocurre a los seguidores de Izquierda Unida, aunque en este caso su porcentaje de ateos o no creyentes (48%) dobla al de los socialistas. Este partido lleva tiempo pidiendo que se echen abajo estas exenciones fiscales. En el caso del PP, aunque los porcentajes de religiosidad se invierten, el resultado es similar: la mayoría cree que los obispos deben pagar el IBI.

Y todos estos porcentajes, en todo el arco político, pueden aumentar, porque el 32% de los encuestados de 18 a 34 años se declara ateo o no creyente. Y un 32% católico no practicante.

Aunque el PP sostiene que esto del IBI es un debate “estéril”, fueron sus alcaldes (Zamora, Valladolid, León) los que levantaron la liebre. Y ayer mismo, el de Frades (A Coruña), Jesús Miguel Prado Patiño (PP), volvió sobre el asunto. Planteará a la mancomunidad la propuesta de cobrar el IBI a la Iglesia, toda vez que ella “cobra por todo”. “Todos tenemos que ser un poco solidarios”, dijo. El municipio, de 2.607 habitantes, tiene una deuda de 160.000 euros, informa EP.

La Iglesia, por medio de su agencia de información, asegura que “paga el IBI de todos los inmuebles que no estén exentos por ley”. Repite que estas exenciones son la forma que tiene el Estado de reconocer “las actividades de interés general que realizan muchas instituciones”, por lo que “si se dispusiera de menos recursos las actividades podrían verse mermadas”. Recuerda los cinco millones donados en 2011 a Cáritas, una organización que “no solo pertenece a la Iglesia, sino que es la misma Iglesia”. Y que en un 35% está financiada con fondos públicos. Del total del presupuesto, la Iglesia le aporta un 2%. Pero “no se hace referencia alguna a las Cáritas diocesanas, una red que llega a todos por medio de las Cáritas parroquiales”.

Cita la Ley de Mecenazgo como la fuente de las exenciones, pero advierte de que si se cambia la ley será “siempre con el límite de los beneficios previstos en los Acuerdos [de la Santa Sede], que tendrán rango superior”. Este Concordato es precisamente el garante de que todo siga igual.

Además, asegura que los muchos tesoros culturales que poseen se plantean “como un servicio a los demás”, pero “no son económicamente rentables, más bien al contrario”. No dan datos.