El alcalde de Vigo no quiere conflictos con la Iglesia católica. Los evitó en los primeros cuatro años en el cargo y sigue la misma tónica en su segundo mandato. Ayer volvió a dar una muestra cuando rechazó la posibilidad de acabar con la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las propiedades eclesiásticas, una posición que choca con las instrucciones que ha dado Rubalcaba.

Caballero aportó motivaciones económicas para defender su postura. Según explicó, las propiedades católicas ajenas al culto tendrían que tributar al Concello por IBI 13.106 euros al año. Sin embargo, ello supondría, previsiblemente, poner fin a la cesión del edificio de titularidad eclesiástica que utiliza gratuitamente el Concello en el Casco Vello y donde tiene previsto instalar la sede viguesa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

«Si pagásemos alquiler el coste oscilaría entre 25.000 y 30.000 euros anuales, lo que supondría un saldo negativo para el Concello de unos 15.000 euros por año, y no seré yo como alcalde quien impulse una operación para pagar este dinero. Prefiero seguir como estamos», explicó a los periodistas.

No obstante, el alcalde se mostró partidario con carácter general de que no haya exenciones al pago del IBI «para nadie», y en concreto señaló a las administraciones, central y autonómica. En esta línea, defendió «que se sepa lo que paga cada colectivo», aportando en ese momento el recibo del IBI de la sede del PSOE. «El partido socialista paga por este concepto al Concello 985,43 euros», explicó.

La polémica generada por el cobro de este importante impuesto a la iglesia, el principal para los ayuntamientos, se inició hace unas semanas cuando el de Zamora (PP) decidió acabar con esta exención. Se plantea en un momento de crisis general y con una difícil coyuntura económica para los concellos, por los que otros ayuntamientos decidieron seguir el mismo camino.

El martes pasado la Federación Española de Municipios y Provincias debatió este asunto y acordó no adoptar una posición definida y dejar que cada ayuntamiento actúe como crea conveniente. Caballero, que es vicepresidente de la FEMP, aseguró que esa solución fue una propuesta suya. Al día siguiente, ayer, explicó a los periodistas que Vigo dejará que todo siga igual manteniendo la exención a la Iglesia.