El Pleno de este viernes ha aprobado el cobro del IBI a la Iglesia católica, a excepción de los lugares destinados al culto, a pesar de los votos en contra del PP cuyos concejales lamentan que no se ha desarrollado un debate sobre política fiscal, sino que ha sido un alegato contra esta institución. PSOE, CHA e IU han aprobado, además, la elaboración de un censo municipal de los inmuebles rústicos y urbanos que tiene registrados a su nombre. 

El grupo municipal de IU ha calculado que de retirarse la bula de la que actualmente dispone la institución y pagara “religiosamente” este impuesto, se podrían recaudar unos 2.500 millones de euros.

Así, el portavoz de IU, José Manuel Alonso, ha criticado que el Estado “coarte” la libertad de los municipios de legislar sobre el cobro de los impuestos que corresponden a los ayuntamientos.

Por ello, han pedido, y así se ha aprobado, que se inste al Gobierno central a que se deroguen los acuerdos del Estado español con la Santa Sede, especialmente el de asuntos económicos ya que la Iglesia los incumple en lo concerniente a su autofinanciación y, consecuentemente a ello, se elimine el IRPF la casilla de asignación a la institución.

También CHA ha apoyado esta iniciativa. Y es que consideran “absolutamente rechazable” que quien realiza actividades económicas y sociales en la ciudad “no tenga el mismo tratamiento que el resto de las entidades sociales y ciudadanas”. Por ello, el concejal Carmelo Asensio ha destacado que “queremos para la Iglesia católica el mismo tratamiento”.

Esta moción, ha insistido Asensio, es una apuesta por la igualdad y la justicia social y no “un debate contra la Iglesia”.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Fernando Gimeno, no considera adecuado que las administraciones se dediquen a legislar en lo que afecta a las recaudaciones de los impuestos municipales y exige que los consistorios sean compensados económicamente por las cuantías que dejan de cobrar.

Los populares consideran que el cobro del IBI a la Iglesia no se ha desarrollado como un debate sobre política fiscal y el concejal popular Jorge Azcón ha sentenciado que éste es “un debate en contra de la Iglesia”.

El alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, ha intervenido para subrayar que, en estos momentos, el Ayuntamiento de la capital aragonesa “no se puede permitir que se concedan exenciones a nadie”. En este sentido, Belloch ha insistido en que “ha cambiado todo y no podemos perder nueve millones de euros en exenciones”.

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