Es la polémica por las inmatriculaciones -en derecho se llama así a la primera inscripción de un bien en el Registro de la Propiedad- que la Iglesia está realizando y que, sólo en Navarra desde 2008, ascienden a 1.087.

Es lo que afirma el promotor de la proposición de ley, el senador de la Entesa Joan Saura (ICV), quien, en declaraciones a Efe, ha explicado que forma parte de las iniciativas que está poniendo en marcha para que en España haya una efectiva separación entre la Iglesia y el Estado.

'Pese a que la Constitución establece que España no es un Estado confesional, en la práctica se está desarrollando así', ha asegurado Saura, quien, a modo de ejemplo, recuerda que la Iglesia no presenta una memoria económica desde 2006 o que el Gobierno participa en la elección del vicario general castrense.

El senador de la Entesa ha explicado que el Gobierno de José María Aznar, mediante un decreto aprobado en 1998, otorgó a la Iglesia la misma potestad que al Estado, las provincias, los municipios o las instituciones de derecho público para hacer suyas propiedades no registradas mediante su inscripción en el Registro.

'En un Estado no confesional no puede ser que el personal eclesiástico sea Estado', ha argumentado Saura quien ha hecho hincapié en que debe ser la administración la que decida sobre la propiedad de un inmueble.

En la exposición de motivos, la proposición de ley de la Entesa afirma que 'la Iglesia ha estado y está registrando unilateralmente y de forma opaca a su nombre edificios del patrimonio nacional que no estaban registrados a nombre de nadie'.

Añade que 'el expolio patrimonial por parte de la Iglesia hace urgente y necesario modificar la Ley Hipotecaria' cuyo artículo 206 equipara a los diocesanos con los funcionarios públicos acreditados para inscribir bienes (edificios de culto, iglesias, catedrales o ermitas)'.

El artículo mencionado establece que podrán realizar inmatriculaciones, 'aunque carezcan del título escrito de dominio', el Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica.

La proposición de ley de la Entesa consta de un único punto que modifica el artículo 206 de la Ley Hipotecaria para eliminar del mismo la mención a la Iglesia Católica.

La Conferencia Episcopal recordó el pasado mes de octubre que, en 2006, el Tribunal Supremo aseguró que esta legislación 'no implica discriminación ni atentado al principio de igualdad'.

Su portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, destacó además que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero señaló en 2007 a través del Ministerio de Justicia que 'la legislación actual es oportuna sobre este punto'.