La iglesia española robó en 2006 la Mezquita de Córdoba —aunque los meapilas prefieran llamarla catedral— a todos los andaluces y andaluzas. Para cometer este latrocinio no hizo falta el amparo de la nocturnidad con la que operan los cacos. Como buenos ladrones de guante blanco, les basta con la connivencia de los gobernantes corruptos, esos que se olvidan fácilmente del interés general a cambio de una parcelita urbanizada en el cielo y algunas que otras prebendas terrenales nunca desdeñables.

En este caso, sólo hizo falta la ley hipotecaria del dictador Francisco Franco de 1948, reformada y ampliada por su aventajado discípulo, José María Aznar, 40 años después. Ese exabrupto antidemocrático con forma de texto legal inviste a cualquier obispo de la autoridad legal para apropiarse de una finca que no esté inscrita a nombre de nadie. Desde 1998, por este método, la iglesia ha registrado a su nombre miles y miles de fincas que, en muchos casos, ni eran edificios dedicados al culto, ni habían sido sostenidos nunca por ella. Todo lo contrario, en alrededor del 40% de las inmatriculaciones se trataba de bienes públicos, vecinales, comunales, mantenidos por ayuntamientos o directamente por los vecinos. Por si fuera poco, la ley consagra la opacidad y la falta de transparencia, ya que no hace necesaria la exposición pública ni la intervención de un notario, como le sucede al resto de los mortales. Cuando sus legítimos dueños se enteran de que les han birlado un inmueble, ya tienen que actuar a la contra, tratando de demostrar que la propiedad del mismo no corresponde a la santa madre iglesia, cosa que ellos nunca tuvieron que hacer. Una inversión bastarda del onus probandi, la carga de la prueba.

Al amparo de esa ley injusta y de las exenciones fiscales que, incomprensiblemente, aún posee la iglesia española, registrar propiedades les sale gratis, tanto por el propio acto jurídico en sí, como porque están libres de impuestos terrenales y, en el caso de que se trate de bienes de interés cultural, es el estado el que sufraga los gastos de conservación y mantenimiento. Así sucede con la Mezquita de Córdoba, ahora propiedad de la curia, mantenida con los impuestos de todos y todas y que reporta a las arcas episcopales alrededor de 8 millones de euros de los «donativos» libres de impuestos de visitantes que acuden a disfrutar de la monumentalidad de la mezquita andalusí (no del bodrio catedralicio que implantaron en su seno). De modo simbólico, la asociación Europa Laica ha anunciado que iniciará una campaña para exigir la devolución de la Mezquita de Córdoba, expoliada del patrimonio andaluz mediante la Ley Hipotecaria del tándem Franco-Aznar, una ley que debería ser derogada de inmediato y, con carácter retroactivo, revocar las inmatriculaciones con ella realizadas o, si no es posible, iniciar un nuevo proceso desamortizador como los acontecidos en nuestro país desde el siglo XVIII hasta el XX, que recuperaron tierras e inmuebles que la iglesia y las órdenes religiosas fueron atesorando, en ocasiones por medios poco lícitos, hasta convertirse en los mayores propietarios de España.

La derogación de esa ley sería un primer paso hacia la separación de la iglesia y el estado que propugna la constitución. Por otra parte, sería necesario que esta institución, como todo Cristo, pague el Impuesto de Bienes Inmuebles, así se evitarían los registros alegres de propiedades. La desaparición de los símbolos religiosos de los edificios y actos públicos, la supresión de la asignatura de religión de las escuelas, la eliminación de las subvenciones a la enseñanza religiosa (concertada o privada) y de la financiación estatal a través del IRPF y de los Presupuestos Generales del Estado, son otras de las medidas que se han de tomar en los próximos años que permitirán avanzar en la democratización del país alejándonos del franquismo fascista y de los palios con los que se cubría el jefe del estado en muchos actos públicos. En Italia, por temor a una multa de la Comisión Europea, ya está en marcha una modificación de la ley para que la iglesia tenga que pagar impuestos por los edificios no dedicados al culto. En nuestro país, por el contrario, imagino que tendremos que esperar a que Angela Merkel se lo sugiera a Rajoy o que Oli Rehn coja del pescuezo a De Guindos para que suceda algo parecido. Para eso somos la reserva espiritual de occidente.

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