COMENTARIO: El problema no es la información, sino la evaluación. Acaso es lo mismo un centro público de un suburbio con alumando procedente de familias en paro o en situación riesgo social, que centros confesionales con alumnado de familias pudientes que costean actividades extraescolares, clases y profesores de apoyo,... Pero no es que el ministro y su equipo desconozcan estas elementales nociones de sociología de la educación. Es que desde hace ya algunos años se ha iniciado un camino para promover la privatización del sistema público escolar dejándolo en manos de quienes buscan la escuela como espacio para el proselitismo y el adoctrinamiento, mediante un aparente sistema científico: la evaluación.

Claro una evaluación basada exclusivamente en los resultados escolares y olvidada de las condiciones de partida de cada centro. En definitiva, una forma más de desmantelar los derechos universales gestionados gestionados por un sistema público, dejándolo todo a los intereses del neoliberalismo.

El departamento de José Ignacio Wert ha propuesto a las comunidades autónomas la creación de una plataforma en Internet en la que se ofrezca información sobre todos los colegios e institutos que se sostienen con fondos públicos. Esa web serviría, según la propuesta del Ministerio de Educación, “para la rendición de cuentas” de los colegios y “para facilitar el ejercicio de la libertad de elección de centro educativo por parte de las familias”.

La idea de crear este sistema, en el que se ofrecerían los datos de pruebas externas de evaluación detallados por centro, ronda la cabeza de los dirigentes del PP desde hace años. La Comunidad de Madrid ya ha puesto en práctica esta medida. Realiza desde 2005 exámenes externos a los colegios públicos, concertados y privados. Luego, difunde los resultados de cada centro, lo que acaba en la publicación en los medios de comunicación de un ranking que las familias consultan para orientarse sobre dónde matricular a sus hijos. Wert, al poco de tomar posesión de su cargo, señaló que una de sus prioridades era que los centros rindan cuentas.

El sistema educativo ya lo hace a través de distintas evaluaciones internacionales, nacionales y autonómicas. El siguiente paso que se quiere dar es que toda la sociedad tenga acceso a esos resultados y a las clasificaciones, una medida que tiene férreos defensores y detractores. La propuesta de crear esa web de información se puso sobre la mesa la semana pasada durante la reunión del consejo rector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del que forman parte también las comunidades. Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco se oponen a esa medida.

“Carece de fundamento jurídico, no hay una norma que lo ampare”, indica José Moya, director del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa, que asistió a la reunión en la que esas cuatro comunidades, en las que no gobierna el PP, pidieron la retirada de la iniciativa. Moya cree que para poder sacar adelante esta medida “primero se debería derogar la Ley Orgánica de Educación”. Wert ya baraja modificar esta norma. En el artículo 144 de la actual LOE, que está dedicado a las pruebas generales de diagnóstico, se advierte de que, “en ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros”. Madrid sí que publica los datos de los centros, aunque sin establecer un ranking. “Lo hace al margen de la LOE”, opina José Moya.

El sociólogo de la Universidad de Salamanca Jaime Rivière no es contrario a priori a que exista un sistema de información sobre los centros. Aunque cree que la mayor dificultad sería cómo conseguir una “evaluación veraz”.

En la propuesta lanzada a las autonomías se señala que “este sistema de rendición de cuentas” contará con “información fiable, contrastada y lo más completa, homogénea y comparable posible, que incluya datos sobre las características de los centros, así como indicadores de su funcionamiento y rendimiento junto con información sobre el grado de satisfacción de las familias con los mismos y sobre el bienestar de los alumnos”.

Se propone presentar la información en tres bloques: datos sobre las principales características de los centros, grado de satisfacción de los padres, alumnos y profesores y, por último, indicadores de centro, “con información sobre el contexto socioeconómico”. Este último matiz es importante ya que en las evaluaciones internacionales, como PISA, se advierte de que el principal condicionante de los resultados de los alumnos es su entorno.

Antonio Cabrales, catedrático de Economía de la Universidad Carlos III, es partidario de su implantación. Apuesta por el modelo del Reino Unido, donde se ofrece “una información muy rica”. Cabrales cree que el mejor antídoto contra las clasificaciones es que se publique el mayor número posible de indicadores de los centros, no solo los resultados de una prueba. “Cuanta más información se tenga, menos ranking es”, sostiene este catedrático, partidario de extender el modelo también a los hospitales. En su opinión, es una forma de “reforzar el sector público”.

El ministerio reconoce en su propuesta que el papel de las comunidades es fundamental para sacar adelante el sistema. Cada autonomía “sería responsable de la introducción de la información relativa a los centros bajo su competencia, así como de su mantenimiento y actualización”.

Andalucía ya ha anunciado que no está dispuesta a favorecer las clasificaciones. La consejera de Educación, Mar Moreno, sostiene que acudirá a los tribunales si el ministerio impone el sistema, al entender que supondría una invasión de competencias. “Supone llevar a la educación una cultura empresarial muy agresiva”, sostiene Moreno, quien añade que los centros andaluces ya son evaluados y que rinden cuentas, “pero ante la Administración”. Todos los colegios reciben los resultados de la evaluación de diagnóstico, una prueba censal, en la que aparecen relacionados con su entorno.

“Ya rinden cuentas”, señala José Moya, quien afirma que en Canarias también los equipos directivos presentan los resultados de las evaluaciones de diagnóstico al consejo escolar, donde están representados profesores, alumnos y familias.