Los recortes en servicios públicos como la sanidad, la educación o la atención social, pero también los “retrocesos de décadas” en participación ciudadana, los problemas de empleo, la situación de los jóvenes, de las mujeres, del mundo rural han movilizado a los representantes de más de 55 organizaciones que han llamado a una protesta masiva que se concretará el día 20 con manifestaciones en toda España. Los dos grandes sindicatos de clase, UGT y CC OO, arroparon esta tarde a varios representantes de estas asociaciones para que pudieran exponer la situación de cada sector. Las familias, en cuyo nombre ha hablado José Luis Pazos, de la Confederación laica de padres de alumnos Ceapa, se quejaron del “desmantelamiento de la escuela pública, que para 2015 habrá perdido un punto en su peso en el PIB con la pérdida de 11.000 millones. Será la escuela de unos pocos, de los de siempre”, ha dicho. La situación de la enseñanza pública preocupa también a los jóvenes, como ha puesto de manifiesto el representante del Consejo de la Juventud, Ricardo Ibarra: “Con un 55% de paro juvenil y sin apostar por políticas activas de empleo iremos a más precariedad y lo peor es que en el futuro no podrá hablarse de la generación más preparada, porque la educación no será igual para todos”, ha dicho. “Si alguien necesita el Estado de bienestar son los jóvenes, su futuro no puede ser la emigración”.

Los servicios sociales públicos, consagrados en la Constitución, han tenido su propia voz en este encuentro, acostumbrados como están a quedar subsumidos bajo denominaciones más amplias en las que la educación y la sanidad ocupan un lugar predominante. Luis Barriga, representante del colectivo profesional público avisó del “avance de la exclusión social, que puede arrastrar graves problemas de convivencia. En 2009 los trabajadores sociales atendieron a ocho millones de personas, pero desconocemos los datos de los siguientes años, que no se han hecho públicos, pero la cifra no hace más que crecer”, ha dicho. Y los recortes. Barriga mencionó los casi 300 millones que se han restado en los Presupuestos Generales del Estado para la Ley de Dependencia y “también el Plan Concertado, con el que se atiende a esos ocho millones de personas ha sufrido un tijeretazo. La protección social ofrece retornos económicos, igual que los demás sistemas, suficientes para hacerlos sostenibles. No se puede dejar morir de inanición [la Ley de Dependencia] y luego decir que es insostenible. El problema es que se atiende a otros rescates y hay miles de familias esperando a ser rescatadas”, ha dicho.

Mariano Sánchez-Bayle, portavoz de la federación para la defensa de la sanidad pública, ha dejado sus quejas sobre los decretos sanitarios “que dejan fuera de la cobertura a varios colectivos y que excluirá parte de las prestaciones del sistema”. Mencionó los copagos para medicamentos, prótesis, dietas, jubilados, “con topes que son mentira”. “No menos de seis millones de personas dejarán de recibir la atención que precisan y todo para asegurar unos cuantos beneficios empresariales. En unos años veremos un retroceso en los indicadores básicos de salud, como la esperanza de vida”, ha aventurado.

Por la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecino, ha tomado la palabra José Vicente Vallín, su presidente, para advertir del “retroceso de décadas” que está sufriendo la participación ciudadana, en un momento en el que la gente no solo lo está pasando mal, sino que percibe que lo pasará peor. Los recortes también son la subida de servicios básicos, como el agua, la luz, el transporte o la cultura, que afectan a la calidad de vida”, ha advertido.

Por último, lo sindicatos, han recordado que las inversiones en el sistema público español siempre han estado por debajo de la media europea. “Están dando la espalada a la gente cuando más lo necesitan. No es verdad que el gasto social se excesivo y el derroche, si lo ha habido, desde luego no ha sido en los servicios públicos”, ha señalado la responsable de Política Social de CC OO, Rosana Costa. Y ha advertido que “todo ese gasto social público se trasladará a lo privado y tendremos que pagar para acceder a ello. Los recortes no son más que un cambio de modelo, el del mercantilismo”. Su homóloga en UGT, Carmen López, ha hecho un llamamiento a los ministros de Sanidad y Servicios Sociales –Ana Mato-, de Educación –José Ignacio Wert- y Trabajo –Fátima Báñez: “Que no nos engañen cada día, tenemos un sistema sanitario barato y eficaz, que gasta entre 1.400 y 1.500 euros por habitante. En Europa la media es 2.200 y en Alemania, con menor cobertura, es de 2.600. Nuestra enseñanza necesita reformas, pero también más inversión y las pensiones son perfectamente sostenibles”.

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