La tradicional protesta de los laicistas de MHUEL (Movimiento Hacia Un Estado Laico) contra la participación de concejales zaragozanos en la procesión del Corpus, en la que muestran pancartas contra la presencia de ediles en un acto religioso, no entraña riesgos para el orden público; o, cuando menos, nada indica que los tenga. Ese es el argumento jurídico básico por el que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), presidida por Juan Carlos Zapata, ha revocado la resolución con la que la Subdelegación del Gobierno prohibió el domingo la quinta edición consecutiva de la concentración en la plaza del Pilar.

El tribunal ha aceptado el recurso de MHUEL, defendido por la abogada Amparo Romero, y ha revocado la resolución por la que la Subdelegación ordenó trasladar la concentración a la plaza de La Seo --por la que no pasa la procesión-- alegando que su celebración podría causar alteraciones del orden público.

VETO El TSJA señala que ese cambio de ubicación vulnera la Constitución, que solo permite prohibir o restringir el derecho de reunión "cuando existan fundadas razones de orden público". Y en este caso "no se mencionan". La Subdelegación se basó en un informe de la Policía Local según el cual a la hora a la que quería manifestarse MHUEL se celebraba un acto en la plaza del Pilar: la procesión, obviamente. Sin embargo, la sentencia destaca que en el expediente gubernativo no hay "documento anterior o coetáneo alguno del que pueda colegirse dicha conclusión" sobre el riesgo de algaradas.

El tribunal recuerda que "el concepto de orden público con peligro para las personas y bienes" debe interpretarse como "orden en sentido material en los lugares de tránsito público", y no como "sinónimo de de respeto de principios y valores jurídicos y metajurídicos". "El contenido de las ideas sobre las reivindicaciones que pretenden expresarse y defender (...) no puede ser sometido a controles de oportunidad política", añade.

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