La Consellería de Educación pretende dar más potestades a los centros escolares para decidir la admisión de sus estudiantes. Así consta en el borrador que  ha elaborado del decreto de admisión de alumnado para los centros públicos y concertados (los sostenidos con fondos públicos) y que ayer fue rechazado por la mayoría del Consello Escolar de Galicia, que respaldó una iniciativa de los sindicatos y de las asociaciones de pades de alumnos de centros públicos. La confusión se sembró cuando, posterioremente, la Administración ganó otra enmienda en la que se incluía la permanencia de este mismo punto. Ante esa contradicción, el Consello se inhibió de emitir dictamente. El malestar generado por este documento quedó plasmado en el número de enmiendas presentadas por representantes de la comunidad educativa, más de 150.

El borrador del decreto suscitó el malestar entre sindicatos (CC OO, CIG y UGT) y la confederación de padres de alumnos de centros públicos (Confapa) que ayer tarde, minutos antes de la celebración del Consello Escolar, se concentraron ante la sede de la Consellería exigiendo la supresión de la prerrogativa que se concede a las direcciones de los centros en la selección de los alumnos. La Consellería faculta a cada centro para que otorgue un punto en el baremo para elegir estudiantes “por criterios complementarios” de acuerdo “con criterios objetivos”. CIG, CC OO, UGT y Confapa han alertado en sus alegaciones de que, de esta forma, será la dirección quien decida en el habitual empate que se produce entre la mayor parte de los alumnos derivada del criterio de proximidad geográfica. Entre las novedades incluidas en este documento figura un aumento de la puntuación por tener hermanos matriculados en el centro.

Los sindicatos sostienen que el borrador no garantiza que los alumnos con necesidades especiales puedan acceder con la misma facilidad a los centros privados-concertados que a los públicos.Además, los representantes de los trabajadores destacan que desaparece del texto que ha presentado el gabinete de Jesús Vázquez la referencia a la “finalidad de asegurar la calidad educativa de todos, la cohesión social y la igualdad de oportunidades” así como que “la Consellería garantizará la adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades específicas en los centros públicos y privados”.

El resto de las puntuaciones son las habituales. Por padres o tutores legales trabajando en el centro se conceden tres puntos; por proximidad al domicilio o al lugar de trabajo de alguno de los padres o tutores, hasta seis puntos; por renta de la unidad familiar, hasta tres puntos; por familia numerosa, hasta tres puntos; por familia monoparental, dos puntos; por concurrencia de discapacidad del alumno o de sus progenitores o hermanos, hasta cuatro puntos y por expediente académico, hasta dos puntos.

Entre las alegaciones presentadas por los sindicatos destaca “la falta de garantías” del derecho de cualquier persona a escolarizar a sus hijos en un centro público. Los sindicatos sostienen que la propuesta de la Consellería de Educación permitirá que algunos alumnos se vean obligados a cursar sus estudios en un centro privado-concertado con un ideario o una moral ajenos a la enseñanza laica. Los representantes de los centros privados en el Consello Escolar intentaron, en la reunión de ayer, ampliar el criterio del ámbito geográfico para poder contar con más alumnos.

En el borrador consta que “se podrá aprobar la adscripción de los centros de educación infantil, educación primaria y secundaria obligatoria a centros privados concertados que se encuentren en la misma área de influencia”. Los sindicatos denuncian, además, que no se prohíban los conciertos con los centros que segregan al alumnado por sexos. De otra parte,alertan de que la consellería pretende ordenar el sistema educativo “en función de los intereses de la enseñanza privada concertada” y dejando la enseñanza pública “como subsidiaria, cuando debería ser al revés”.