¿Qué opina de la postura del actual ministro de Justicia, sobre la propuesta de reforma de la ley del aborto?:

Ante un hecho tan trascendente, como es el derecho a la salud sexual y reproductiva, la interrupción -por motivos objetivos- del embarazo y ante la libertad de conciencia de las mujeres, el actual Ministro de Justicia, no sólo se muestra como un recalcitrante integrista católico, que trata de imponer su ideología particular a sus acciones políticas, sino que se define como un esperpéntico político, con ésta y otras cuestiones, presumiblemente indigno de asumir una cartera ministerial tan importante como la de Justicia.

Tratar de justificar su vergonzante y ancestral propuesta sobre la modificación de la actual ley del aborto, basándose en el artículo 10 de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, es infame y vergonzante. Pues dicho artículo tiene otra lectura bien distinta a la suya, para el conjunto de los ciudadanos del mundo. Si fundamentalistas católicos y de otras religiones, consideran el embrión en fase de gestación inicial como persona, es una postura que será respetable para sus creencias, pero no aceptado para la inmensa mayoría de la comunidad científica y para el conjunto de la sociedad. Y por lo tanto desde el derecho racional y civil no se debe de admitir tal injerencia religiosa en las leyes que garantizan una convivencia pública y común. Quien no quiera abortar que no lo haga, está en su derecho. Aunque en este terreno, la hipocresía abunda y lo que se trata  es de "castigar" a los sectores sociales con medios más precarios, potenciando la clandestinidad y, con ello, los riesgos para la salud de las mujeres, así como la penalización de sanitarios y de las propias mujeres.

El ministro se escuda en el artículo 10 de la Convención y en el 15 de la Constitución española, de forma torticera. Aunque olvida la gran cantidad de vulneraciones  de principios y mandatos constitucionales que sobre el conjunto de la ciudadanía, incluidos los discapacitados, se están cometiendo y ya no digamos los incumplimientos, en España, de la propia Convención y de las LISMI y sus desarrollos (ahora en período de revisión)

También olvida, deliberadamente, que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido reconocidos por la ONU, como parte de los Derechos Humanos y, entre ellos, el derecho a decidir los hijos que se deseen y el momento de tenerlos.

Por tanto, partiendo de la base de que cualquier embarazo no deseado es un fracaso educativo y asistencial, su interrupción se convierte en un problema de salud pública al que hay que dar solución a través de políticas de salud sexual y reproductiva, como establece la Organización Mundial de la Salud (OMS). Políticas que el actual Gobierno no acepta, tampoco.

Las únicas políticas eficaces para prevenir los embarazos no deseados, son las políticas públicas basadas en la información y formación sexual, la difusión de métodos anticonceptivos  y el acceso y disponibilidad de dichos métodos. Muy poco de esto se realiza, en la actualidad por los sistemas sanitario o educativo públicos, incluido el cumplimiento de la actual ley, algo pacata, por cierto, al permitir la objeción de conciencia y no garantizar el cumplimiento de la ley en la sanidad pública.

Nuestra asociación defenderá siempre, en un terreno tan complejo ideológicamente como éste, la libertad de conciencia y los derechos intransferibles de las mujeres como personas libres, individualmente. Y nos opondremos a dicha reforma, proponiendo, además, que la sanidad pública sea la garante del derecho de cada mujer a la interrupción del embarazo, modificando la actual ley.

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