El fallo del Supremo (TS) que exige que el Estado no financie a los centros de enseñanza católica que segregan por razón de sexo, es una saludable decisión del Tribunal, que contrasta con otras recientes sentencias de marcado acento confesional sobre la religión en las escuelas de titularidad pública y que deja al descubierto infinidad de miserias políticas, y, también, jurídicas: La cuestión -de fondo- es que por un lado, políticos meapilas y pacatos y, por otro lado, políticos católicos integristas, que forman una amplia mayoría en el Parlamento y en los órganos de representación legislativa territorial, junto a sus diferentes organizaciones sociales y sindicales de “palmeros”, son los responsables de que una parte importante de enseñanza dogmática católica se financie con fondos públicos, ya sea mixta o separe por razón de sexo y a que se mantenga (y aumente) la enseñanza religiosa (con la consiguiente intención de evangelizar) en todo el Sistema Educativo, ya sea de titularidad pública o privada (concertada o no).

El TS (quizá muy a su pesar) ha tenido que reconocer que el artículo 84.3 de la LOE expresa: “En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Que es una copia prácticamente literal del artículo 14 de la Constitución, enmienda nº 1063 que fue incluida en la LOE (Vigente Ley Orgánica de Educación) a iniciativa (en su día) del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Aunque luego pensamos que, erróneamente, dio su voto a la Ley, en la tramitación final.

Ley del PSOE de 2006, de tendencia confesional y, sobre todo, potencialmente privatizadora del Sistema Educativo, que ahora el PP ha propuesto modificar, una vez más, en algunos de sus apartados y utilizando como falsa excusa los recortes económicos, desea imprimir un fuerte acento ideológico nacional-católico y segregacionista por razones geográficas, raciales, económicas, de conciencia, sexistas y de capacidades psicofísicas y sociales. Es decir tratan de propiciar, a través de la Enseñanza, un modelo social de convivencia teocrático y con enormes desigualdades.

Mientras que algunas CCAA se escudan (con una clara intención de prevaricar) en sentencias contrarias de tribunales de justicia de sus territorios, para no cumplir dicha fallo del TS, diversos colectivos católicos han anunciado que van a recurrir al Constitucional, con la “intención” de “ganar tiempo” y, así, evitar que se cumpla el fallo. Y, mientras, el Ministro Wert que anda “enloquecido” como “elefante en cacharrería”, (alejado de toda prudencia) anuncia (a bombo y platillo) dicha modificación de la Ley y así dejar sin efecto el fallo del TS, sin reparar que el artículo 14 de la Constitución, ya exige la no discriminación (o separación por razones de sexo, entre otras).

Discriminación sexista (y otras discriminaciones) que se dan (en el currículo expreso, ya no digamos en el oculto) en todos los centros privados concertados católicos, aunque sean mixtos, junto a otros graves incumplimientos (entre ellos el de discriminación por razón de convicciones y creencias…), que, sin embargo, permiten de forma complaciente las Consejerías de Educación (de todo pelaje y color) y, por lo tanto, el problema de fondo es que el poder político mayoritario apoya la financiación de la enseñanza dogmática católica y, vergonzantemente, la incluye como parte del “servicio público” (108.4 de la LOE: “la prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados”).

Viene al pelo de esta reflexión otra noticia que se está dando en paralelo: La dirección del mayor partido de la oposición, que exige el cumplimiento de este fallo del TS, en una especie de “delirium tremens político” o de “esperpento ideológico”, ha solicitado, formalmente, a la Conferencia Episcopal Española que intervenga y se sume a las “movilizaciones” en contra de la exclusión de la cobertura sanitaria a los inmigrantes sin papeles… El PSOE, autor de una ley de extranjería no muy “edificante”, deberían, en nuestra opinión, de dejar al clero católico en “su lugar” y dedicar todos sus esfuerzos a movilizar a la ciudadanía (haciendo pedagogía, sin complejos) y acudir al Constitucional, como se han comprometido, para evitar el “crimen político inhumano” de dejar a centenares de miles de inmigrantes sin acceso al servicio público de salud.

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