El Instituto religioso Iesu Communio deberá hacer frente a una multa de 25.000 euros (5.000 por cada uno de los cinco expedientes vigentes) por haber construido sin licencia tanto el edificio anexo al santuario de San Pedro Regalado como los nueve edificios que habilitaron para celdas.

La cifra eso sí, podía haber sido muy superior, ya que el informe jurídico podía haber contemplado sanciones de hasta 10.000 euros por expediente sancionador. Además, uno de los seis expedientes no se podrá ejecutar al haber prescrito.

Con el objetivo de evitar que siguiesen el mismo camino los otros cinco expedientes restantes, el concejal de Obras, José Ignacio Díez Arranz, dio cuenta ayer en comisión tras pasar la semana pasada por la Junta de Gobierno Local.

Así, y aunque lo normal es que primero pase por la comisión y luego vaya a la Junta de Gobierno, el Ayuntamiento de Aranda ha decidido acelerar los trámites para poder notificar antes del 1 de septiembre, fecha en la que los expedientes prescribían sin posibilidad de volver a incoar.

Además, la comunidad de monjas tendrá que realizar algunas obras para restaurar la legalidad y aunque, en este punto el concejal no ha entrado en detalles, sí ha adelantado que algunas irregularidades afectan a la cubierta.

Recurso

Indignado por la prescripción de uno de los expedientes, el portavoz del grupo socialista, Luis Briones, no duda en acusar al equipo de Gobierno de «haberlo dejado prescribir». «Es una auténtica vergüenza», sostiene mientras espera la  resolución del recurso de reposición que él mismo presentó contra la declaración de uso excepcional, que la Junta de Gobierno aprobó de forma provisional para los nuevos edificios y la ampliación del monasterio, el pasado 31 de octubre. «Habrá que esperar un poco», advierte Briones.

El recurso se basa principalmente en el informe de la jefa de Servicio de Urbanismo en el que se mostraba contraria a la otorgación de la declaración de uso excepcional. La concesión no tiene además sentido, según el socialista, teniendo en cuenta los expedientes sancionadores vigentes y que la obra no es una ampliación sino una obra de nueva construcción, que se hizo sin licencia, y que «supone una auténtica aberración urbanística que rompe con el paisaje del Monasterio de San Pedro Regalado».

También está pendiente el recurso que presentó la confederación de organizaciones en defensa del Medio Ambiente, Ecologistas en Acción ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos, al considerar que ni el obrador industrial ni la ampliación pueden vincularse a un interés general sino a uno particular.

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