Pese al dicho de que el dinero es muy católico y a los debates que suscita la financiación de la Iglesia católica, ningún experto es capaz de fijar la cantidad exacta que España destina cada año a esa religión. ¿Seis mil millones de euros, acaso? ¿Es constitucional que el Ministerio de Hacienda ingrese cada mes 13,26 millones en una cuenta de la Conferencia Episcopal para sueldos de los eclesiásticos? El tema ocupó una parte de la jornada con que Europa Laica celebró ayer el décimo aniversario de su constitución reuniendo en el Ateneo de Madrid a dos centenares de dirigentes de organizaciones comprometidas "con la construcción de un Estado laico".

Lo peor es que esta situación de confesionalidad del Estado, lejos de resolverse, la ha consolidado el actual Gobierno elevando a definitivo el sistema de asignación tributaria estatal. Los obispos se comprometieron en 1979 a buscar fórmulas de autofinanciación firmando un acuerdo económico que tiene rango de ley orgánica y de tratado internacional entre Estados. Además, el Ejecutivo elevó un 34% el porcentaje que cada católico puede desviar a su confesión en la liquidación de su renta anual (IRPRF). Ningún Gobierno anterior había accedido a esos deseos episcopales.

Estos privilegios de la Iglesia católica, pese a la proclamación constitucional en contrario, fueron la denuncia principal de los reunidos después de escuchar un informe del profesor Alejandro Torres, de la Universidad Pública de Navarra, sobre la financiación de las religiones en el espacio europeo.

Pero la generosidad del Estado para con el catolicismo institucional no es culpa del episcopado, erigido muchas veces en poder fáctico, sino de los poderes públicos. Así lo subrayó el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, y se ratificó en un debate entre los diputados Álvaro Cuesta (PSOE), Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tardá (ERC).

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