Una encuesta de la empresa Unimer, para La Nación, evidencia que 70% de la población se considera católica. Sin embargo , solo un 27% se inclina por mantener la religión católica como la oficial del Estado . Estos datos muestran que existe claridad en la población de que ser creyente y practicante es una cosa y otra muy diferente la intromisión de la jerarquía católica en las políticas públicas del país.

Una encuesta de la empresa Unimer, para La Nación, evidencia que 70% de la población se considera católica. Sin embargo , solo un 27% se inclina por mantener la religión católica como la oficial del Estado . Estos datos muestran que existe claridad en la población de que ser creyente y practicante es una cosa y otra muy diferente la intromisión de la jerarquía católica en las políticas públicas del país.

Esta diferencia no solo se hace evidente en la encuesta, sino en las decisiones que las personas toman en sus vidas personales: utilización de tecnología anticonceptiva moderna, matrimonio civil, divorcio, embarazos por fertilización in vitro y también, mujeres y parejas que deciden interrumpir un embarazo.

Afirma la encuesta que el 41% de los costarricenses considera que el Estado no debe tener una religión oficial.

Glen Gómez, vocero de la Conferencia Episcopal, señala que hay que cuestionar si las personas saben qué es un Estado laico porque este ha sido un tema “ muy de élite, muy académico, muy intelectual, muy de la nota prolaical y no de conocimiento general ”.

Población informada. En este último coincido con el señor Gómez. El tema de Estado laico no es muy conocido en el país debido a la censura que ha existido para su discusión. Sin embargo, parece que pasó por alto datos importantes de la encuesta: quienes apoyan un Estado sin religión oficial son jóvenes entre 18 y 24 años, con ingresos económicos altos (lo cual puede indicar que cuentan con educación superior) y residentes en zonas urbanas. Por lo tanto, una hipótesis muy plausible es que este 41% sí ha asumido una posición bien informada.

La gran pregunta de fondo es cuánto variaría la posición del 32% para quienes el tema es indiferente y el 27% que se opone a la reforma, si logramos que este sea un tema que se discuta ampliamente y se hagan evidentes todas las implicaciones que tiene la confesionalidad del Estado.

No obstante, la jerarquía de la Iglesia católica opta por la estrategia de afirmar que se desconoce el tema, mientras que se obstaculiza cualquier intento de debate público del mismo.

Cabe recordar la iniciativa del Movimiento por un Estado Laico que en el año 2009 pretendía la reforma de los artículos constitucionales 75 (establece el Estado confesional) y el 194 (relativo al juramento constitucional). La ofensiva de ciertos sectores, incluyendo la jerarquía de la Iglesia católica fue tal que no se permitió su debate en el Congreso y se intentó manipular el debate en la opinión pública.

En un artículo publicado en esa ocasión, el señor Hugo Barrantes afirmó que “los proponentes del proyecto se han manifestado opuestos a los valores del Evangelio y de la ética cristiana que la Iglesia enseña.

Su marcado interés particular, les obstaculiza la búsqueda del auténtico bien común y les desautoriza como supuestos defensores de la libertad religiosa en el país” (La Nación, 16 de setiembre de 2009, “Por qué nos oponemos a un Estado laico”).

Esto evidencia que cualquier iniciativa que surja de otros sectores será desacreditada por estos señores que siguen luchando porque su ética cristiana se imponga a través de una norma, que en la lógica del Estado moderno es obsoleta.

Algo debe quedar claro: un 41% de la población asegura que no está de acuerdo con que exista una religión oficial, entiéndase artículo en la Constitución Política, un concordato o, como lo llaman ahora, un acuerdo bilateral con el Vaticano. Es hora de tener un Estado laico.

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