Los Hermanos Musulmanes, el más poderoso movimiento político en Egipto, ya controlan el Parlamento y la asamblea encargada de redactar la nueva Constitución. Sin embargo, aún consideran que no tienen los resortes de poder suficientes para aplicar su programa político, por lo que la noche del sábado anunciaron que también competirán por el más alto cargo del país: la presidencia. Y lo harán con uno de sus pesos pesados, Jairat al Shater, el número dos de la organización.

Si bien durante los últimos días se había especulado con la posibilidad de que la organización islamista presentara un candidato propio, la noticia causó estupefacción entre observadores políticos y rivales. Incluso Sara, la hija de Al Shater, escribió en Twitter: “Estoy en estado de shock... Que Dios nos ayude”.

Y es que horas antes, algunos dirigentes de los Hermanos Musulmanes como el exguía supremo Mohamed Mahdi Akef, habían rechazado esta posibilidad, recordando la promesa realizada hace un año de no concurrir a los comicios presidenciales, que se celebrarán los días 23 y 24 de mayo.

En su sede de El Cairo, la Hermandad justificó su controvertido cambio de postura en la falta de competencias del poder legislativo. “Hemos visto que había obstáculos en el camino del Parlamento para tomar las decisiones que sirvan para cumplir las demandas de la revolución. Por eso hemos elegido el camino hacia la presidencia, no porque tengamos hambre de poder”, dijo Mohamed Morsi, presidente de la marca electoral de la organización, el Partido de la Justicia y la Libertad.

Sin embargo, sus palabras no convencieron ni siquiera a algunos de sus correligionarios. Kamal al Helbawy, exportavoz internacional, anunció su salida del movimiento por una decisión que calificó de “corrupta y confusa”. La cuestión de a qué candidato apoyar se había convertido en un quebradero de cabeza para la Hermandad, generando fuertes disensiones en el seno de una organización caracterizada por su cohesión y disciplina interna.

Entre los adversarios políticos del grupo islamista se interpreta el movimiento como una muestra más de su voluntad hegemónica. “Ellos tienen una tradición de romper pactos y promesas. Su único objetivo es acaparar las máximas cuotas de poder”, afirma Samer Soliman, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Americana de El Cairo, y miembro destacado del Partido Social-Demócrata.

La candidatura de Al Shater aún podría tener que superar un escollo para hacerse efectiva. Excarcelado gracias al derrocamiento de Hosni Mubarak, después de pasar cinco años en la cárcel, existen versiones contradictorias sobre su presunta inhabilitación para ocupar un cargo público. De ser así, necesitaría un indulto de la Junta Militar, algo que no debería dar por hecho, pues las relaciones entre ambas instituciones, las más poderosas del país, se han deteriorado sustancialmente a causa de la voluntad de los Hermanos de realizar una moción de censura contra el Gobierno de Kamal Ganzuri.

Asimismo, la Hermandad tiene un grave conflicto abierto con las fuerzas laicas, a causa de la composición del comité que se encargará de redactar la nueva Constitución. En la primera sesión de la Asamblea Constituyente, celebrada el pasado miércoles, se ausentaron una cuarta parte de sus miembros, tanto diputados como representantes de la sociedad civil (ambos colectivos integran la comisión de 100 miembros al 50%), en protesta por el monopolio que ejercen las fuerzas islamistas en el comité.

El presidente de la Junta Militar, Husein Tantaui, se reunió el jueves durante más de cinco horas con los partidos con representación parlamentaria para mediar en la crisis. Como solución de compromiso, los Hermanos Musulmanes aceptaron sustituir a 10 de sus miembros en la Asamblea Constituyente por personalidades o diputados laicos. No obstante, varios partidos rechazaron la oferta, pues prefieren elegir de nuevo a los 100 miembros de la Constituyente. Con las negociaciones en punto muerto, y los islamistas dispuestos a proceder sin el concurso de los laicos, los expertos alertan que está seriamente amenazada la legitimidad de la nueva Carta Magna, piedra angular de todo proceso de transición a la democracia.