No de otra manera se puede entender que se opongan tan rabiosa como simultáneamente a la ley del divorcio, a la del aborto, a la del matrimonio entre homosexuales, a la investigación con células madre embrionarias, a la eutanasia, a la educación para la ciudadanía, etcétera. Es decir, que si un matrimonio quiere separarse porque a los dos o a uno de ellos les resulta insoportable vivir juntos, debe renunciar a ello y seguir siendo infeliz porque lo dicen los obispos. Además, ésta, como las otras leyes a las que me refiero, no es obligatoria. Si un creyente que sigue los dictados de su obispo no quiere divorciarse, no tiene por qué hacerlo. Y ello a pesar de que la Iglesia, de manera pública y notoria, concede el matrimonio eclesiástico a hombres o mujeres divorciados. Aquí aparece por primera vez la hipocresía.

Que una mujer decida interrumpir su embarazo de acuerdo con alguno de los supuestos contemplados por la ley es una decisión muy difícil, que la mujer toma generalmente en circunstancias extremas. El aborto no es algo deseado ni conozco a ninguna mujer que lo haya practicado a la ligera. Nadie es partidario del aborto. Pero ¿cuál es la alternativa en esos casos?, ¿cuál debe ser la actitud del legislador o del gobernante, detenerla a ella y a su ginecólogo y meterlos en la cárcel?

La Iglesia, como el PP, dice que se opone a la ley de los matrimonios entre homosexuales porque el matrimonio debe ser sólo entre un hombre y una mujer. Pero es que también se oponían cuando se discutieron varias proposiciones de ley sobre las parejas de hecho en la legislatura anterior y que fueron derrotadas por la mayoría de la derecha. Dijeron que rompería a la familia, y no sólo esta institución está más fuerte que nunca, sino que se constituyen nuevas formas de familia, tan estables y pequeño-burguesas como las demás.

Aún más escandalosa es la actitud radical de la Iglesia contra la investigación con células madre embrionarias que puede resolver o paliar enfermedades tan extendidas y graves como la diabetes, que sufren millones de españoles, o el Parkinson, enfermedades degenerativas, coronarias o medulares (es una esperanza fundada en paralíticos y tetrapléjicos). Los embriones que causan la polémica están congelados y en ninguna circunstancia serían útiles para la reproducción, siendo su única alternativa la destrucción. ¿Dónde está el problema? La libertad de la investigación médica no puede estar sometida a dictámenes religiosos o teológicos por respetables que éstos sean. En su día, la Iglesia se opuso a la práctica de las autopsias, cuya generalización ha supuesto un avance en el conocimiento del ser humano y sus enfermedades. Se opuso a toda forma de analgesia o anestesia en el parto porque los hijos había que tenerlos con dolor...

Durante siglos, la Iglesia católica ha impuesto sus criterios en la enseñanza y en el adoctrinamiento de los niños y niñas, y es sólo en épocas recientes, sobre todo durante la Segunda República española, que el Estado tomó cartas en el asunto e instauró la enseñanza pública y laica. Los católicos han tenido y siguen teniendo toda la libertad y todas las posibilidades de que sus hijos reciban enseñanza de religión católica a cargo de los impuestos de todos. Pero de ahí a que los obispos quieran impedir que los que no son católicos, o los que siéndolo, prefieren una enseñanza no confesional, abierta, que defienda los valores de la Constitución y de la democracia, va un abismo. La Conferencia Episcopal no está por encima de las leyes, ni de las Cortes ni de los tribunales. Por ello tampoco es comprensible su oposición extrema a la aplicación de la asignatura Educación para la Ciudadanía, que no trata de adoctrinar ni de imponer, sino de contribuir a hacer ciudadanos libres, dignos, tolerantes e iguales.

En España no están legalizadas las distintas formas de eutanasia como en Suiza, Holanda o Bélgica, pero en la práctica existe tolerancia a su ejercicio. También la Iglesia se opone a su hipotética y futura despenalización, con lo que si por ella fuera, las personas que no quieren seguir con lo que no consideran vida, porque padecen una enfermedad paralizante o irreversible, que les produce dolores físicos o/y mentales insoportables, tienen que seguir sufriendo, sean creyentes o no, acepten o no los criterios de los obispos. Las unidades contra el dolor, los tratamientos paliativos, las sedaciones, son necesarias y hay que desarrollarlas, pero hay casos en que no son alternativas a la eutanasia.

El dominio de las mentes y de los cuerpos que la Iglesia católica pretende ejercer tiene un solo motivo, el poder. El control de las personas en todas las actividades de su vida. Acostumbrada durante siglos a ejercerlo sin cortapisa, no está dispuesta a ceder un ápice, aunque tenga la batalla perdida. Y la tiene no porque lo diga el Gobierno o el Parlamento, sino porque la conciencia social ha evolucionado positivamente y el ciudadano quiere ser, dentro de la ley, en un Estado democrático y laico, dueño de sus decisiones, de su destino, de su cuerpo y de su espíritu, de su vida y de cómo quiere morir. Es más, la gran mayoría de los españoles que en las encuestas se declaran católicos, y sin dejar de serlo, son partidarios de los avances legales en estas materias que se han producido en los últimos treinta años (la ley del divorcio se aprobó, no se olvide, gobernando la UCD), y de hecho, si se encuentran en la tesitura de aplicarlas a su propia persona, ¿no lo dudan? ¿O no hay divorciados, mujeres que han abortado u homosexuales católicos?

Mientras escribo estas líneas, en California, doscientos sacerdotes han sido acusados y condenados por abuso de menores, y la diócesis ha tenido que pagar cantidades astronómicas como indemnización a los afectados. No es la primera ni será la última de las diócesis norteamericanas que se han visto en semejante tesitura. Otra vez la hipocresía. Predicar una cosa y hacer lo contrario. Sería interesante estudiar cuál es la situación en España. Eso es el "mal", y no la Educación para la Ciudadanía.

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