Aunque son muchos los ayuntamientos del PP partidarios de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la Iglesia, fuentes cercanas al proceso consultadas por EL BOLETÍN aseguran que no podrán hacerlo hasta que el Estado cambie la legislación actual. El debate queda así en manos del Gobierno, que tendrá que decidir si elimina la exención con la que cuenta la institución desde 1979.

La pelota ha pasado al tejado de La Moncloa. Mariano Rajoy tendrá que decidir sobre el debate que ha surgido en torno a la posibilidad de cobrar el IBI a la Iglesia y que se ha intensificado en los últimos días. Cada vez son más los ayuntamientos gobernados por el PP los que piden al Gobierno que revise la prerrogativa de la Iglesia a este respecto, ya que cada vez les resulta más complicado explicar las medidas de ajuste a los ciudadanos cuando la Iglesia queda exenta de ellas.

Así lo han asegurado las fuentes consultadas por este diario, que señalan que los ayuntamientos partidarios de esta medida, como el de Alcalá de Henares o San Sebastián de los Reyes en Madrid, no podrán aplicarla hasta que el Estado revise el acuerdo de Asuntos Económicos suscrito con la Santa Sede en 1979 y la Ley de Mecenazgo, que establece que la Iglesia católica está exenta de pagar el IBI. Estos consistorios, que ya han empezado a censar las propiedades de la institución, tendrán las manos ‘atadas’ hasta que el Gobierno se pronuncie al respecto.

Es al Estado a quien “corresponde valorar qué propiedades de la Iglesia son patrimonio histórico y cuáles no”, han asegurado esas fuentes, que también han reconocido la complicada situación de los ayuntamientos, que “tienen que atender a los intereses de los ciudadanos” y a los que les resulta difícil explicar los recortes aplicados. “El IBI ha subido para los ciudadanos, y al ayuntamiento le resulta difícil explicar porqué a unos sí y a otros no”. Es el Gobierno el que “decide sobre este debate que está en la sociedad”, han concluido.

No obstante, parece que de momento el Ejecutivo central no estaría muy por la labor de reformar la legislación que afecta a la Iglesia. Al menos así se desprende de las declaraciones del director de Cooperación Jurídica y Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Ángel Llorente Fernández de la Reguera, quien aseguró hace unos días que el Gobierno va a mantener la regulación actual porque no hay “razón que nosotros consideremos fundada para modificar esa situación”.

Además, recordó que el Acuerdo del Estado con la Santa Sede es un convenio internacional, un “contrato entre dos partes” que “no se puede incumplir ni por parte de la Santa Sede ni del Gobierno”.

Los ayuntamientos madrileños de San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares no son los únicos partidarios de cobrar el IBI a la Iglesia católica en la capital. Esta propuesta también ha sido abordada por los grupos municipales socialistas de Móstoles y Leganés, que han anunciado su intención de presentar una moción para que todas las confesiones religiosas paguen el impuesto. Además, los ayuntamientos de Rivas-Vaciamadrid y Fuenlabrada han pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que acabe con este privilegio eclesiástico.

Asimismo, en Castilla y León los ayuntamientos de Zamora, Palencia y Salamanca, todos ellos del PP, han anunciado su intención de cobrar el IBI y el impuesto de la recogida de basuras a las congregaciones religiosas.

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