Es una asignatura que se imparte solo una hora a la semana pero que ha supuesto uno de los principales quebraderos de cabeza para los ministros. Educación para la Ciudadanía centró este jueves parte del debate en la conferencia sectorial de Educación que reúne al ministro del ramo, José Ignacio Wert, con los consejeros autonómicos. El nuevo temario que el ministerio quiere aplicar ya el curso que viene reduce contenidos sobre los conflictos sociales y las desigualdades, obvia las escasas referencias a la homosexualidad e incorpora nuevos temas como la defensa de la iniciativa privada y la crítica del “nacionalismo excluyente”. Pero, frente a esos cambios, al menos tres comunidades autónomas quieren devolverla a su esencia actual y una cuarta, Madrid (del mismo partido político que el Gobierno central) pide su retirada. Además de esta materia, Wert presentó una modificación en la concesión de becas salario para etapas preuniversitarias, en las que también ha incluido una nota de corte: los estudiantes necesitarán una calificación mínima media de 6 puntos.

El contenido de Ciudadanía, que llegó hasta el Tribunal Supremo en la pasada legislatura, ha vuelto al centro de la controversia. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, había anunciado nada más llegar al cargo que la transformaría, rebautizada como Educación Cívica y Constitucional, para eliminar “cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico”. Pero tres comunidades autónomas (Andalucía, País Vasco y Cataluña) desaprueban el giro planteado por el ministerio y plantean modificar la parte del currículo que queda en sus manos- un 35% en el caso andaluz y el 45% en las otras dos- para devolverla a su actual esencia.

Los cambios que ha propuesto el ministerio “la alejan de la Constitución Española”, considera la consejera andaluza, Mar Moreno (PSOE), primera en apuntar a una revisión del temario a nivel autonómico para “corregir” los contenidos actuales “que se aprobaron con un debate a fondo con la comunidad educativa”, con la que anunció que volverá a contar para la revisión.

Cataluña reclamó la retirada de uno de los conceptos añadidos, el de “nacionalismo excluyente”. “Se interpreta de una forma u otra según quién lo recibe y dónde se recibe”, señaló la consejera Irene Rigau (CiU). El ministerio aceptó borrarlo del temario, según confirmó la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, que es la que ha comparecido ante los medios al término de la reunión en lugar del ministro Wert. Según Gomendio, el ministerio no se planteó que un concepto “incluido en el apartado de conflictos a nivel mundial” pudiese “herir la sensibilidad de ninguna comunidad autónoma”.

El País Vasco también considera “un despropósito” el cambio, según la consejera Isabel Celaà (PSE), que confirmó que la modificaría para mantener “contenidos como el diálogo para la solución de conflictos y la cultura de la paz ”. Madrid planteó directamente la retirada de la asignatura. La consejera Lucia Figar (PP) consideró que es una materia que ha dado “tres años de dolor de cabeza nacional” y que quita “un tiempo precioso” a materias troncales “como lengua, matemáticas e inglés”. “Mi opinión es que hay que suprimirla, tenemos problemas educativos gravísimos”, señaló. La retirada de Ciudadanía requeriría un cambio de ley orgánica.

Respecto al cambio de criterio en la concesión de becas, la secretaria de Estado señaló que afecta a las becas salario (que incluyen ayudas generales y un ‘sueldo’ mensual para los estudiantes) pero no a las generales, las de material o las de transporte. La nota de corte pasa del 5 actual a un 6 para las ayudas a FP y Bachillerato, señaló Gomendio, que no facilitó la cifra de cuántos alumnos acceden ahora a esta ayuda con la nota mínima. Cataluña planteó que se revisara cuál es la nota media que presentan ahora los alumnos becados en Formación Profesional de Grado Medio porque temen que la mayoría accedan con un 5, según expuso Rigau, que asegura que el ministerio se comprometió a recoger esa información. Las becas universitarias, que se tratarán en conferencia sectorial la próxima semana, también incluyen un endurecimiento de los requisitos académicos para su concesión.

La reunión también ha revisado el proyecto de Formación Profesional dual que quiere poner en marcha el ministerio. Gomendio ha indicado que los alumnos aumentarán las prácticas en empresas "entre el 33 y el 75%" del tiempo. El decreto establece que las empresas participen como mínimo en un tercio (33%) de la formación del alumno, en función de las características de cada módulo profesional y de la empresa participante. Algunas autonomías, como Andalucía y Cataluña, han planteado que el decreto "incluye lagunas", que se debe clarificar si solo afecta a empresas o también a otros organismos reconocidos o cuál será la relación exacta entre los centros y las empresas. El borrador tiene que ser revisado además por el Ministerio de Trabajo.

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